L D (Europa Press) La querella fue interpuesta el pasado día 9 por el ex consejero de Banesto y condenado en el proceso abierto a raíz de la intervención de esta entidad en 1993 Rafael Pérez Escolar, quien acusa a los responsables del Santander de un total de 11 delitos: apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas.
La querella también se dirige contra el ex presidente de Bankinter Jaime Botín, el ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz Abad y su actual responsable, Ana Patricia Botín, y contra otros 17 ejecutivos que tuvieron alguna responsabilidad en este banco tras su intervención.
Se trata de Miguel Martín Fernández, Matías Rodríguez Inciarte, Ignacio Benjumea David Arce, Víctor Menéndez Millán, José Corral, Juan Delibes, José Ángel Merodio, José Luis Roselló, Fernando Gutiérrez-Ojanguren, Luis Abril, Timoteo Patricio Domínguez, Jaime Pérez Renovales, Juan Carlos Rodríguez Cantanero, Antonio Ramón Tejerina, Fernando Ruiz y Carlos Giménez Lambea.
En su querella, de cerca de 200 folios, Pérez Escolar acusa a todos ellos de "urdir maniobras" para apropiarse indebidamente de 750.000 millones de pesetas (4.507 millones de euros) pertenecientes a Banesto, sobre cuyo paradero "no han dado la menor información a los accionistas, a la Hacienda Pública o al mercado".
Reclama igualmente la responsabilidad civil subsidiaria de las sociedades mercantiles Banco Santander Central Hispano S.A., Banco Español de Crédito S.A. y de las auditoras Price Waterhouse Coopers y Deloitte S.L..
Posible delito
En un auto dictado el pasado viernes, Garzón señala que los hechos revisten "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que procede "instruir diligencias penales" y practicar aquéllas encaminadas a determinar cuál debe ser el procedimiento judicial aplicable a este caso.
Además de la apropiación de 4.507 millones de euros (que según el querellante corresponden a múltiples cobros efectuados por Banesto que no tuvieron reflejo en las cuentas de la entidad), Pérez Escolar acusa a Botín y al resto de querellados de cometer un delito fiscal por más de 262.000 millones de pesetas (1.574 millones de euros), así como de malversar caudales públicos en beneficio del Banco Santander y de los propios querellados por un importe superior a los 327.000 millones de pesetas (1.965 millones de euros).
Apropiación indebida
La querella recoge que los acusados ocultaron el destino de las "cantidades ingentes" que cobraron correspondientes a multitud de créditos, préstamos y otros activos de Banesto. Según Pérez Escolar, se trata de partidas que deberían constar de manera "indeleble en la contabilidad de Banesto, pero se enmascararon tras múltiples artificios con el propósito de no dejar rastro de su existencia".
Así, asegura que se utilizó la filial ya existente y carente de contenido patrimonial SCI Gestión como "sociedad pantalla" para "enmascarar el expolio de Banesto", aunque para ello se incumplieran las condiciones impuestas por el Banco de España.
El procedimiento utilizado, según Pérez Escolar, fue apuntar recuperaciones de la cartera de préstamos y créditos y de otros activos en SCI Gestión, de manera que no pudiera saberse si se ingresaron en Banesto. De este modo, además, se evitó que se auditaran las recuperaciones obtenidas.