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El Foro Ermua lamenta la marcha del párroco de Maruri

El Foro Ermua ha manifestado que la salida del sacerdote Jaime Larrinaga de su parroquia de Maruri (Vizcaya) supone "un exiliado más, un no nacionalista menos, otra opinión disonante silenciada por las armas y la coacción y, en definitiva, una nueva perversión de la democracia".

L D (EFE) En un comunicado, el Foro Ermua señaló que con la salida de Larrinaga de Maruri "se repite una vez más una historia que hemos vivido demasiadas veces en la Comunidad Autónoma Vasca". Jaime Larrinaga, el primer párroco en el País Vasco en llevar escolta al sentirse amenazado por el entorno radical, abandonará su parroquia tras una despedida a sus feligreses este domingo, después de haber acordado un nuevo destino con el obispo de Bilbao.

El Foro Ermua señaló que "en Euskadi, hoy, quienes no pensamos en clave nacionalista seguimos sin tener libertad y somos amenazados de muerte por algo tan simple como es expresar nuestras ideas. Así –afirma– no hay democracia posible". Destacó que Larrinaga deja su parroquia "tras más de treinta años de servicio abnegado a su feligresía" y que "por hacer uso de su libertad de expresión desde posiciones no nacionalistas (en asuntos que incidían estrictamente en temas de conciencia moral) es amenazado por ETA".

Se refirió también a la actitud de "una parte de la población" de Maruri, "municipio gobernado por el PNV", que hizo de "amplificador de esa amenaza con manifestaciones, descalificaciones y presiones de todo tipo". El Foro Ermua consideró que las "autoridades eclesiásticas" no salieron "en contundente defensa de quien es amenazado, con el agravante de ser la víctima un miembro del clero que vive sólo en su caserío", y que el Gobierno Vasco "lejos de dar el necesario apoyo al amenazado y garantizar la libertad de expresión, abdica de sus obligaciones institucionales en defensa de los derechos fundamentales".

Esta entidad acusó al Gobierno Vasco y a los partidos que lo integran (PNV, EA e IU) de dar "apoyo moral expreso al brazo político de ETA", de negarse a cumplir las resoluciones del Tribunal Supremo que ordenan la disolución del grupo de la antigua Batasuna en el Parlamento Vasco, de "deslegitimar" las instituciones democráticas, de oponerse a "cualquier medida que se tome contra ETA" y de "alzarse sistemáticamente como defensores de la banda terrorista y sus cómplices".

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