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El Tribunal de Cuentas revela deficiencias en la Formación Continua de los funcionarios

El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe en el que destaca numerosas deficiencias en el control de las ayudas concedidas en 2001 por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) al amparo del tercer Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas. Estas irregularidades, según el Tribunal de Cuentas, habrían permitido el desvío de las ayudas a gastos ajenos a la Formación Continua.

(Libertad Digital) Según el informe, al que tuvo acceso la agencia EFE, las cuentas rendidas por el INAP ante el Tribunal de Cuentas tienen irregularidades en el ejercicio correspondiente a 2001.
 
La primera es que este organismo público no diferenció entre los gastos destinados directamente a la formación continua y el remanente de tesorería, que viene a ser como la caja central desde donde se financia cualquier otro tipo de gasto. Este error, según el Tribunal de Cuentas, ha permitido la utilización de parte del remanente de formación continua como fuente de financiación de gastos ajenos a ella.
 
El segundo error detectado por el Tribunal es que, en la mayoría de los casos, no se realizó con criterios objetivos la adjudicación de fondos y ayudas a cada entidad promotora (ayuntamientos, comunidades autónomas, sindicatos, organizaciones sin ánimo de lucro, etc). Igualmente, el órgano fiscalizador ha hallado deficiencias en la justificación por parte de las entidades promotoras  sobre cómo se gastaron los fondos recibidos, aunque atribuye parte de estas deficiencias a que la normativa no es muy concreta al respecto.

Estas anomalías afectaban especialmente a la justificación de las instituciones sin fines de lucro, destinatarias del 30 por ciento de los fondos del INAP dedicados a la formación continua de los funcionarios durante el año 2001. La documentación aportada por estas instituciones no permitía al Tribunal de Cuentas verificar que los gastos justificados se habían utilizado para desarrollar los planes de formación aprobados, ni que el importe que figura en dichos documentos coincidiera con el que aparecía en las liquidaciones.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas alude a la responsabilidad del INAP, al afirmar que los procedimientos de control interno para la verificación de la documentación entregada por las entidades destinatarias de los fondos eran "muy deficientes". Así, en algunos expedientes no consta que el INAP hiciera revisión alguna de las facturas y los documentos de justificación de gastos que acompañaban a las liquidaciones. En otros, los datos objetivos en el proceso de revisión no coincidían con los que figuraban en las liquidaciones, sin que conste que el INAP hiciera comprobaciones posteriores.
 
Recomendaciones del Tribunal de Cuentas

En el capítulo de recomendaciones, el Tribunal propone impulsar las medidas adecuadas para que se regule de forma clara y precisa la forma en la que las entidades que perciben fondos para la formación continua deben justificar el uso de dichos fondos, y para que la concesión de las ayudas se haga de acuerdo con "el principio de objetividad que debe presidir la concesión de ayudas y subvenciones públicas".

También considera que el INAP debería establecer las medidas adecuadas de control interno que aseguren que los fondos que recibe en su condición de promotor de planes de formación continua se gasten en las acciones formativas incluidas en los planes aprobados.
 
¿Qué es el INAP y para qué sirve?
 
Según la página Web del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, es el centro de la Administración General del Estado responsable de la selección y formación de sus directivos y empleados públicos. Asimismo, tiene como misión impulsar tareas de investigación y estudio al servicio del proceso de modernización de las Administraciones Públicas.
 
El ministro de Administraciones Públicas durante el año 2001, cuando se han detectado estas irregularidades, era Jesús Posada, quien tomó posesión el 27 de abril del año anterior  (2000) y estuvo en el cargo hasta el 9 de julio de 2002, cuando fue sustituido por Javier Arenas.
 
* Si quiere consultar el tercer Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones públicas pinche aquí .

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