L D (EFE) En el denominado "caso SME" también está implicado Berlusconi en un proceso paralelo pero que se remonta a los años 80, cuando era simplemente empresario, y se sustancia en el pago de dinero a jueces para favorecer una sentencia concreta.
Los jueces de Milán consideran probado que, desde una cuenta de la empresa Fininvest -propiedad de Berlusconi- llegaron a Previti -directivo de la compañía- 434 mil dólares que a su vez destinó al juez Renato Squillante con la ayuda del abogado Attilio Pacifico. Por eso el tribunal ha condenado a Squillante a ocho años de prisión, a Previti a cinco y a Pacifico a cuatro, mientras para todos ellos la Fiscalía había pedido una pena de once años.
La reducción de la condena se debe a que no se han considerado probados otros dos presuntos pagos a Squillante y al juez Filippo Verde, que ha sido absuelto, para favorecer una sentencia que anuló el acuerdo al que en 1985 habían llegado la entidad pública que agrupaba las participaciones industriales y el empresario Carlo de Benedetti para la privatización de la firma alimentaria SME. Por su condición de funcionario público, Squillante es condenado por "corrupción en actos judiciales", mientras que Previti y Pacifico lo son por "corrupción simple", mientras el resto de imputados han sido absueltos.
Aunque las partes apelarán las sentencias, se cierra así la primera parte de un proceso iniciado hace tres años y medio y que, más allá del aspecto judicial, tiene implicaciones políticas, debido a que Berlusconi siempre ha sido citado por la Fiscalía como el que encargó a Previti toda la operación para bloquear la venta de SME a De Benedetti, su gran rival empresarial en esa época. En el origen de este proceso Berlusconi también figuraba como imputado por corrupción, aunque sus continuas ausencias a las sesiones, derivadas de sus compromisos como primer ministro, llevaron a los jueces a fijar para él un proceso paralelo.
Con posterioridad, una ley aprobada hace unos meses estableció la inmunidad con efectos retroactivos para algunos altos cargos del Estado, entre ellos el de primer ministro, aunque el Tribunal Constitucional se pronunciará el mes próximo y decidirá si a Berlusconi se le puede aplicar o no la inmunidad. Previti ya fue condenado a once años de prisión por un caso similar, aunque en Italia el sistema de garantías implica que nadie va a la cárcel hasta que la sentencia no es firme en última instancia después de todos los recursos posibles.
Los jueces de Milán consideran probado que, desde una cuenta de la empresa Fininvest -propiedad de Berlusconi- llegaron a Previti -directivo de la compañía- 434 mil dólares que a su vez destinó al juez Renato Squillante con la ayuda del abogado Attilio Pacifico. Por eso el tribunal ha condenado a Squillante a ocho años de prisión, a Previti a cinco y a Pacifico a cuatro, mientras para todos ellos la Fiscalía había pedido una pena de once años.
La reducción de la condena se debe a que no se han considerado probados otros dos presuntos pagos a Squillante y al juez Filippo Verde, que ha sido absuelto, para favorecer una sentencia que anuló el acuerdo al que en 1985 habían llegado la entidad pública que agrupaba las participaciones industriales y el empresario Carlo de Benedetti para la privatización de la firma alimentaria SME. Por su condición de funcionario público, Squillante es condenado por "corrupción en actos judiciales", mientras que Previti y Pacifico lo son por "corrupción simple", mientras el resto de imputados han sido absueltos.
Aunque las partes apelarán las sentencias, se cierra así la primera parte de un proceso iniciado hace tres años y medio y que, más allá del aspecto judicial, tiene implicaciones políticas, debido a que Berlusconi siempre ha sido citado por la Fiscalía como el que encargó a Previti toda la operación para bloquear la venta de SME a De Benedetti, su gran rival empresarial en esa época. En el origen de este proceso Berlusconi también figuraba como imputado por corrupción, aunque sus continuas ausencias a las sesiones, derivadas de sus compromisos como primer ministro, llevaron a los jueces a fijar para él un proceso paralelo.
Con posterioridad, una ley aprobada hace unos meses estableció la inmunidad con efectos retroactivos para algunos altos cargos del Estado, entre ellos el de primer ministro, aunque el Tribunal Constitucional se pronunciará el mes próximo y decidirá si a Berlusconi se le puede aplicar o no la inmunidad. Previti ya fue condenado a once años de prisión por un caso similar, aunque en Italia el sistema de garantías implica que nadie va a la cárcel hasta que la sentencia no es firme en última instancia después de todos los recursos posibles.