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Los profesores de la privada no formarán parte de los tribunales de corrección de la reválida

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, afirmó este lunes que los profesores de la enseñanza concertada no formarán parte de los tribunales de corrección de la Prueba General de Bachillerato (PGB), en su última comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso donde cruzó críticas con el PSOE.

L D (EFE) Del Castillo respondió a preguntas del PSOE sobre el real decreto de la PGB, y se remitió a dicho texto, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, para aclarar esta cuestión que calificó de "error de bulto".

Fuentes del ministerio aclararon que los profesores de la concertada, igual que ahora en la Selectividad, podrán formar parte de las comisiones organizadoras de la prueba -no de los tribunales correctores-, si así lo estiman las comunidades autónomas.

Durante el debate, la ministra y la portavoz del PSOE, Amparo Valcarce, se cruzaron críticas y reproches, después de que la diputada socialista calificara la política de estos cuatro años de "mediocre, sin liderazgo, poco consistente, voluble, despilfarradora" y "con sectarismo". La portavoz socialista criticó a la ministra por aprobar las reformas educativas sin financiación y por haber "quebrado" el consenso básico e histórico en Educación, al tiempo que recordó que en vez de una selectividad habrá dos y que "se ha impuesto la Religión a todos".

Advirtió de que el "atropello y precipitación" para aprobar la Ley de Universidades ha sido "inútil", porque no se ha mejorado la gestión de la universidad y no se ha iniciado hasta hace unos meses la selección del profesorado. En respuesta a las críticas de la portavoz socialista, la ministra censuró al PSOE por "su nulo interés" por "contribuir", pues "no se han movido ni un milímetro" desde el inicio de la legislatura, una actitud que atribuyó a que "están perdidos y mientras no se hallen no tendremos un aspirante serio".

La titular de Educación hizo un repaso a los últimos informes de la OCDE sobre el sistema educativo español, cuyos datos demuestran "la imperiosa necesidad" de acometer reformas, que se han materializado en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), y la de las Cualificaciones y la FP.

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