L D (EFE) Este tribunal deberá fijar una fecha para escuchar en sesión plenaria los alegatos de las partes y decidir si debe cursarse al desafuero de Pinochet, que actualmente tiene 88 años.
Los abogados de las familias de las víctimas han acompañado su demanda con un copia de la entrevista que el ex dictador concedió a un canal de televisión de Miami (EEUU) en la que, según afirman, exhibió una "notoria lucidez". En esa entrevista, el presidente de Chile entre 1973 y 1990 dijo que no pedirá perdón a las víctimas de la represión y que no se arrepiente de nada, y atribuyó a sus subalternos los crímenes ocurridos durante su régimen, que causaron la muerte a más de 3.000 personas, entre ellas 1.197 detenidos que se encuentran desaparecidos.
Este es el cuarto juicio de desafuero que se incoa en los tribunales chilenos contra Pinochet, que hace tres años fue despojado de la inmunidad que disfrutaba como senador vitalicio pero mantiene la correspondiente a su calidad de ex gobernante y ha eludido la acción de la justicia por una supuesta "demencia vascular irreversible". Los abogados querellantes dicen que el militar "está capacitado mental y físicamente para enfrentar este antejuicio".
La "Operación Cóndor" consistió en la coordinación de los servicios de inteligencia de los gobiernos militares del Cono Sur americano para el exterminio de izquierdistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En Chile, el juez Guzmán investiga desde 1998 la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos en la década de los 70. El lunes, el magistrado procesó por nueve de estas muertes al ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y general retirado Manuel Contreras y a los brigadieres Pedro Espinoza y Christoph Willike, subdirector y miembro del departamento exterior del organismo, respectivamente.
El abogado que encabeza la defensa de Pinochet, Pablo Rodríguez, califica esta nueva petición de desafuero como "un circo" y añade que no tenía "la menor duda" de que los tribunales van a mantener resoluciones anteriores que sobreseyeron al ex dictador a causa de su mala salud mental. Rodríguez aclara, sin embargo, que Pinochet no estaba demente "sino incapacitado para seguir un proceso judicial".
El 1 de julio de 2002 la Corte Suprema ratificó un dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago que el año anterior sobreseyó a Pinochet por "demencia progresiva e incurable" en 75 crímenes de la Caravana de la Muerte. Este fallo ha protegido desde entonces a Augusto Pinochet en otros casos judiciales que lo involucran, como ha ocurrido en los procesos por el asesinato del ex jefe del Ejército Carlos Prats, perpetrado en Argentina en 1974, y en el juicio por el asesinato de la cúpula del Partido Comunista en 1976. La "Operación Cóndor", que significó la muerte de miles de personas en Latinoamérica, es investigada por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón y su colega argentino Rodolfo Canicoba.
Los abogados de las familias de las víctimas han acompañado su demanda con un copia de la entrevista que el ex dictador concedió a un canal de televisión de Miami (EEUU) en la que, según afirman, exhibió una "notoria lucidez". En esa entrevista, el presidente de Chile entre 1973 y 1990 dijo que no pedirá perdón a las víctimas de la represión y que no se arrepiente de nada, y atribuyó a sus subalternos los crímenes ocurridos durante su régimen, que causaron la muerte a más de 3.000 personas, entre ellas 1.197 detenidos que se encuentran desaparecidos.
Este es el cuarto juicio de desafuero que se incoa en los tribunales chilenos contra Pinochet, que hace tres años fue despojado de la inmunidad que disfrutaba como senador vitalicio pero mantiene la correspondiente a su calidad de ex gobernante y ha eludido la acción de la justicia por una supuesta "demencia vascular irreversible". Los abogados querellantes dicen que el militar "está capacitado mental y físicamente para enfrentar este antejuicio".
La "Operación Cóndor" consistió en la coordinación de los servicios de inteligencia de los gobiernos militares del Cono Sur americano para el exterminio de izquierdistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En Chile, el juez Guzmán investiga desde 1998 la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos en la década de los 70. El lunes, el magistrado procesó por nueve de estas muertes al ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y general retirado Manuel Contreras y a los brigadieres Pedro Espinoza y Christoph Willike, subdirector y miembro del departamento exterior del organismo, respectivamente.
El abogado que encabeza la defensa de Pinochet, Pablo Rodríguez, califica esta nueva petición de desafuero como "un circo" y añade que no tenía "la menor duda" de que los tribunales van a mantener resoluciones anteriores que sobreseyeron al ex dictador a causa de su mala salud mental. Rodríguez aclara, sin embargo, que Pinochet no estaba demente "sino incapacitado para seguir un proceso judicial".
El 1 de julio de 2002 la Corte Suprema ratificó un dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago que el año anterior sobreseyó a Pinochet por "demencia progresiva e incurable" en 75 crímenes de la Caravana de la Muerte. Este fallo ha protegido desde entonces a Augusto Pinochet en otros casos judiciales que lo involucran, como ha ocurrido en los procesos por el asesinato del ex jefe del Ejército Carlos Prats, perpetrado en Argentina en 1974, y en el juicio por el asesinato de la cúpula del Partido Comunista en 1976. La "Operación Cóndor", que significó la muerte de miles de personas en Latinoamérica, es investigada por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón y su colega argentino Rodolfo Canicoba.