(Libertad Digital) Según recoge la página web de Greenpeace, las ONG denuncian que "España exporta armamento a países africanos que el Gobierno asegura que es para caza y tiro deportivo".
La noticia alude a una investigación reciente de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha elaborado un informe sobre "Exportaciones de Armas Españolas en 2002" (íntegro, pdf).
En el documento, divulgado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la propia Escuela de Cultura de Paz, se indica que "las exportaciones a 10 países africanos son, en realidad, obuses". Según informa Greenpeace en su página de Internet, "el Gobierno español asegura que las municiones exportadas a Ghana, Guinea Conakry, República Centroafricana, Mauritania, Costa de Marfil, Senegal, Guinea Bissau, Angola, Burkina Faso y Camerún no es material militar".
Sin embargo, "la Escuela de Cultura de Paz ha podido saber –continúa Greenpeace en su nota–, a través del Registro de Aduanas de la Agencia Tributaria, que cada uno de estos cartuchos exportados pesa una media de 40 kilos y tienen un importe de 120 euros la unidad". La ONG cita a Daniel Luz, investigador de la Escuela de Cultura de Paz al que se refiere como "experto en armas", quien ha declarado que "no existe munición de caza o tiro deportivo con ese peso y ese precio. El cartucho de caza más pesado, para cazar jabalíes o ciervos, es de 60 gramos. Sin duda, si hablamos de 40 kilos de peso por unidad, tiene que tratarse de obuses".
Según añade Greenpeace en su página, "estas exportaciones de municiones a países africanos ascendieron a algo más de 4 millones de euros en 2002, de los cuales 2,7 millones se exportaron a un solo país: Ghana". A juicio de la ONG, "el problema de fondo estriba en que el Gobierno español, contrariamente a los criterios de la Unión Europea, no considera armamento distintos productos como las municiones, los aviones de transporte militar o los aparatos de entrenamiento militar. Al no quedar catalogadas como armamento, estas exportaciones evitan los controles, eximen al Gobierno de dar explicaciones sobre ellas al Congreso, y dificultan la labor de investigación", añade Greenpeace.