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El Congreso peruano cita al embajador en España por su implicación en un escándalo de corrupción

Los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano han citado para el próximo jueves al embajador en Perú, Fernando Olivera, para que explique su presunta vinculación con el escándalo político desatado por las reuniones de un asesor presidencial con el "cajero" de Vladimiro Montesinos. Los legisladores también pedirán levantar el secreto bancario y tributario del diplomático, líder del Frente Independiente Moralizador, partido aliado del gobierno.

LD (Agencias) El Congreso peruano quiere conocer si Fernando Olivera, ex ministro de Justicia, estaba enterado de las reuniones que César Almeyda, amigo personal y asesor legal del presidente de Perú, Alejandro Toledo, tuvo con el general Oscar Villanueva acusado de ser el "cajero" de la red de corrupción que dirigía el que fuera el principal asesor del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Villanueva se suicidó en 2002.
 
César Almeyda, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado viernes, ha desatado un escándalo político al dar a conocer los detalles de su reunión con Villanueva y afirmar que de ello estaba al tanto Fernando Olivera. El embajador de Perú en España acudió al Congreso y al Ministerio Público y allí se declaró listo "para ponerse a disposición de las autoridades pertinentes" por considera que "se está intentando mancillar" su honor. "Es necesario que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades respecto a un plan de desestabilización del régimen democrático", concluyó.
 
Los analistas políticos afirman que tras la confirmación de los actos ilícitos de Almeyda, acusado de cohecho y encubrimiento, y la renuncia del vicepresidente primero, Raúl Díez Canseco, el presidente Toledo atraviesa una de sus peores crisis políticas desde el inicio de su mandato, que culmina en el 2006. La oposición solicita al mandatario "evaluar" la posibilidad de romper su alianza con el FIM, quien dirige los Ministerios de Justicia y Transportes y Comunicaciones, además de ser un declarado adversario político del principal partido opositor, el Partido Aprista Peruano.

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