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Ruiz Polanco excarcela a otros tres presos preventivos de ETA en contra de la opinión del fiscal

Ya son seis los presos preventivos de ETA que han salido de la cárcel por orden del juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco. Este viernes, Jorge Chocarro saldrá por una fianza de 3.000 euros mientras que Eneko Yurramendi y Aurken Sola lo harán tras depositar 12.000 euros. Los tres pertenecen al mismo grupo etarra que Mikel Soto que fue excarcelado el lunes con una fianza de 10.000 euros.

L D (EFE) Pese a la información en contra del fiscal Ignacio Gordillo, otros tres presuntos etarras que cumplían prisión preventiva serán puestos en libertad cuando abonen las fianzas impuestas por el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco.
 
El pasado lunes, quedaron en libertad por la misma medida, Ibai Ayensa, Mikel Soto y Arturo Fernández. El fiscal recurrió la excarcelación dada la gravedad de las acusaciones que pesaban sobre ellos –pertenencia a banda armada– y el "evidente riesgo de fuga". Para uno de ellos, el jefe del grupo "Urbasa" Mikel Soto, el juez Ruiz Polanco ha dicatado una orden de vigilancia por la que además tendrá que comparecer todos los días ante el juez o autoridades policiales.
 
En su auto, el juez argumenta su decisión en que los indicios existentes que han servido para procesar por pertenencia o colaboración con ETA a los presuntos integrantes del grupo "Urbasa", "no sirven para prorrogar la situación de prisión sufrida por los procesados".

Tiene también en cuenta "la actual situación del coprocesado Soto Nolasco", en libertad bajo fianza, y que los hechos que se le atribuyen a Yurramendi, labores de captación y haber dado refugio a Viedma, "son de una notable menor entidad colaboradora" con ETA y que Chocarro se encuentra también en libertad por la causa en la que el juez Baltasar Garzón le procesó por pertenencia a ETA a través de su actividad en Gestoras.

Resalta además que la acusada de colaboración con un grupo etarra y procesada también en su Juzgado, Ainhara Gorostiaga, se retractó de las declaraciones que prestó en sede policial en las que inculpó a algunos de sus compañeros, "aduciendo haber sido sometida a malos tratos, denuncia por la que se siguen diligencias" en un juzgado de Madrid. Gorostiaga quedó en libertad el pasado miércoles por esta causa al haber vencido el plazo de dos años para proceder a la prórroga de su prisión preventiva debido a un "error" en la consignación de su fecha de detención, al igual que ocurrió con Ibai Ayensa.
 
Sin embargo, Gorostiaga no fue excarcelada, al acordarse ese mismo día su prisión a disposición del juez Baltasar Garzón, por existir elementos que la vinculan con el asesinato del concejal de UPN en la localidad navarra de Leiza José Javier Múgica Astibia y que éste investiga.

"Razones desconocidas" y "cauces insólitos"

Sobre esta imputación, Ruiz Polanco destaca que "por razones desconocidas y seguramente de difícil explicación, la Guardia Civil, plenamente sabedora de la existencia de tal sumario (el del asesinato de Múgica) al tiempo de la declaración de la señora Gorostiaga (en la que inculpó de este atentado a su novio Mikel Soto), se abstuvo de aportar el atestado al juzgado" de Garzón. "Cosa que se ha hecho ahora -añade el auto- por el insólito cauce de remitirlo a la Fiscalía, que a su vez lo ha remitido a este Juzgado Central de Instrucción, conocidamente incompetente para el enjuiciamiento" de estos hechos, ya que son competencia de Garzón.

Añade además que "pese al tiempo transcurrido, la actuación policial nada ha aportado como novedad corroboradora de la tan repetida declaración" de Gorostiaga. Respecto a la libertad de Soto, vinculado a través de la declaración de Gorostiaga en el asesinato de Múgica, Ruiz Polanco no tiene previsto tomar decisión alguna hasta resolver el recurso interpuesto por el fiscal contra esta medida, según fuentes jurídicas.

En las mismas comparecencias de este viernes  para decidir sobre la prórroga de prisión, el juez acordó también dejar en libertad bajo fianza de 12.000 euros a Alberto Viedma, presunto miembro del grupo "Ekaitza", directamente vinculado al "Urbasa", aunque no podrá abandonar la cárcel al haber sido ya condenado a 30 años por el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero.

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