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La Hacienda de Vizcaya dio protección fiscal a 117 contribuyentes ligados al nacionalismo vasco

Según publica "El Mundo", el inspector jefe de la Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, blindó fiscalmente a empresas y personas ligadas al nacionalismo vasco. Así lo creen la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio de Hacienda, que incluso sospechan que detrás de estas operaciones exista un caso de financiación irregular del Partido Nacionalista Vasco. Ibarra se hizo cargo de la Inspección de la Hacienda de Vizcaya en 1987, designado por el entonces diputado de Hacienda del Gobierno foral vizcaíno, Juan Luis Laskurain. En 1987 gobernaba en el País Vasco la coalición PNV-PSOE.

(Libertad Digital) El diario "El Mundo" informa este viernes de que el juzgado de Instrucción Número 4 de Bilbao ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Juan Ramón Ibarra, acusado de la supuesta comisión de sendos delitos de prevaricación y falsedad, relacionados con la protección fiscal de 117 empresas y personas físicas.
 
Según se desprende de las investigaciones de Anticorrupción, Juan Ramón Ibarra Oyarzabal –veterano funcionario de la Hacienda vizcaína y subdirector del Departamento de Inspección– manipuló supuestamente el sistema informático para evitar el acceso del cuerpo de inspectores a un listado de contribuyentes protegidos o que se iniciasen inspecciones paralelas. Fuentes de la investigación explican que "con ello, impedía que otros pudieran incluir a estos contribuyentes en planes de inspecciones o simplemente ver sus datos".
 
En la querella –elaborada por la fiscal anticorrupción María Teresa Gálvez– se atribuye a Ibarra el haber realizado esta manipulación durante años. Durante la investigación, Anticorrupción recibió denuncias anónimas que vinculaban esa protección fiscal con la financiación del PNV y de personas afines a este partido. Sin embargo, por el momento, este extremo no se ha mencionado en la querella, al estar pendiente de comprobación.

Sí ha quedado descartado en la investigación que se pueda alegar que hubo trato especial a los beneficiados por haber sufrido una extorsión de ETA. En los ficheros del Ministerio del Interior no consta que los contribuyentes afectados figuren en la relación de los que han pagado rescates o extorsiones a la banda etarra.

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