SCO comienza acciones en España para cobrar a empresas y a la Administración por usar Linux
Responsables de informática de las Administraciones Públicas y empresas españolas que utilizan Linux están recibiendo la visita de directivos de SCO Group que, con el argumento de que parte del código de este sistema operativo es de su propiedad, reclaman que les paguen por su uso. El vicepresidente de SCOsource, Gregory G. Blepp, ha venido a España para apoyar las acciones de la filial del grupo en la Península Ibérica.
L D (EFE) Blepp, ha dicho que se encuentra en España para apoyar las acciones del director general de SCO para España y Portugal, Jesús Vega, a quién ha acompañado esta semana para reunirse con los responsables de informática de la Junta de Extremadura.
SCO defiende que una parte del sistema operativo abierto Linux, procede del código UNIX, cuya propiedad reclama esta empresa, por lo que hace varios meses emprendió acciones legales para "hacer valer sus derechos" y ha puesto precio a la utilización de Linux en forma de licencias. Blepp, dicho que estas han sido adquiridas ya por cientos de usuarios en todo el mundo. El responsable de SCO para España, Jesús Vega, ha informado de que inició contactos con grandes usuarios de Linux en este país en noviembre.
El vicepresidente de SCOsource ha dicho que las acciones que siguen para cobrar licencias son independientes de la que iniciaron contra IBM hace 18 meses por considerar que su código AIX utiliza parte del código de fuente UNIX, por lo que ha vulnerado el contrato que tiene para utilizar UNIX. Blepp ha declarado que SCO le dio cien días al "gigante azul" para dar una respuesta satisfactoria y, al no hacerlo, le ha quitado la licencia UNIX, lo que significa que en la actualidad la está utilizando ilegalmente.
También ha emprendido una acción contra Novell, que defiende que UNIX es de su propiedad y que ha patentado la licencia, lo que ha sido recurrido por SCO, que considera que este caso se resolverá en semanas. Tras este proceso, SCO iniciará acciones contra grandes usuarios de Linux en todo el mundo, también en España, para establecer precedente jurídico, puesto que, según Blepp, los usuarios de Linux quieren tener constancia jurídica de que SCO tiene razón.
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