L D (EFE) La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha desestimado así los recursos presentados por De la Concha y la acusación particular, que ejerció el empresario José María Ruiz Mateos, en relación a la sentencia que en julio de 2002 impuso al ex síndico de la bolsa, además de la citada pena de prisión, una multa de 6.000 euros y le absolvió de un delito de falsedad de documentos.
El Alto Tribunal recuerda que, según los hechos declarados probados por la Audiencia madrileña, entre 1986 y 1988, De la Concha, en su calidad de agente de cambio y Bolsa, gestionaba en su despacho profesional una cuenta de valores identificada como 431/07MM-RU, en las que se hacían constar los movimientos de las operaciones de compra y venta de títulos que efectuaba su amigo y entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.
Estas gestiones, agrega la sentencia, tenían la particularidad de que, si bien en las pólizas originales relativas a algunas de tales operaciones aparecía el nombre de Mariano Rubio, en los libros de operaciones al contado correspondientes a tal despacho, esas compras y ventas aparecían a nombre de Nalvi S.A., sociedad familiar constituida por el padre de De la Concha que había sido liquidada y cancelada en 1980.
El Alto Tribunal recuerda que, según los hechos declarados probados por la Audiencia madrileña, entre 1986 y 1988, De la Concha, en su calidad de agente de cambio y Bolsa, gestionaba en su despacho profesional una cuenta de valores identificada como 431/07MM-RU, en las que se hacían constar los movimientos de las operaciones de compra y venta de títulos que efectuaba su amigo y entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.
Estas gestiones, agrega la sentencia, tenían la particularidad de que, si bien en las pólizas originales relativas a algunas de tales operaciones aparecía el nombre de Mariano Rubio, en los libros de operaciones al contado correspondientes a tal despacho, esas compras y ventas aparecían a nombre de Nalvi S.A., sociedad familiar constituida por el padre de De la Concha que había sido liquidada y cancelada en 1980.
En 1986 se incorporó al citado despacho como asesor jurídico Carlos Jaime Pittaluga, primo de Rubio, quien fue absuelto porque no quedó probado que tomase decisiones en orden a qué títulos habrían de comprarse o venderse o a la formalización de las operaciones que se realizaban en bolsa, lo que ha sido confirmado por el tribunal.
El Supremo relata que en 108 operaciones llevadas a cabo en este despacho se ocultó el nombre de Mariano Rubio en el libro de operaciones al contado en las correspondientes compras de títulos y posteriores ventas y, en su lugar, aparecía Nalvi S.A. El Alto Tribunal indica que "parece lógico entender, en el ámbito de esas relaciones de amistad de muchos años entre tales dos personas que tenían cargos tan importantes, que Don Manuel quisiera favorecer a Don Mariano, ambos con la convicción de que esto no habría de descubrirse".
El Tribunal añade que "ocultaciones de esta clase, al parecer, eran algo que se repetía con impunidad en muchos ámbitos, en aquella época en que aún en la Administración de Justicia no existían instrumentos adecuados para investigar este tipo de comportamientos indudablemente delictivos y corruptores" y recuerda que todavía no se había organizado la Fiscalía Anticorrupción.
El Supremo relata que en 108 operaciones llevadas a cabo en este despacho se ocultó el nombre de Mariano Rubio en el libro de operaciones al contado en las correspondientes compras de títulos y posteriores ventas y, en su lugar, aparecía Nalvi S.A. El Alto Tribunal indica que "parece lógico entender, en el ámbito de esas relaciones de amistad de muchos años entre tales dos personas que tenían cargos tan importantes, que Don Manuel quisiera favorecer a Don Mariano, ambos con la convicción de que esto no habría de descubrirse".
El Tribunal añade que "ocultaciones de esta clase, al parecer, eran algo que se repetía con impunidad en muchos ámbitos, en aquella época en que aún en la Administración de Justicia no existían instrumentos adecuados para investigar este tipo de comportamientos indudablemente delictivos y corruptores" y recuerda que todavía no se había organizado la Fiscalía Anticorrupción.
Para el Supremo, los hechos probados demuestran que se trata de "una modalidad dolosa" del delito de falsedad documental cometida por funcionario público ya que De la Concha -condenado en 1999 a un año de prisión por el "caso Ibercorp"- actuó "con manifiesta intención de favorecer a su amigo".