(Libertad Digital) La empresa Sogecable, propietaria de Canal+ y Digital+ y productora televisiva del grupo Prisa, que edita el diario El País, firmó un acuerdo con la Corporación Catalana de Radio y Televisión el pasado mes de febrero por el que ambas sociedades se comprometían a coproducir audiovisuales, en los próximos cinco años, por un importe mínimo de 40 millones de euros.
Según informa este miércoles el diario La Vantuardia, este acuerdo tenía una cláusula de confidencialidad por la que ambas partes se comprometían a mantener el contrato en secreto. Por eso, el portavoz de CiU, Felipe Puig, ha señalado que Majó deberá explicar “si hay más acuerdos secretos, a parte de los que han aflorado” y si el acuerdo “puede tener repercusiones en el futuro, en el equilibrio y en el desarrollo de la industria audiovisual de Cataluña”.
Este asunto también ha sido tratado en la sesión de control de la Cámara catalana, en la que el presidente del PPC, Josep Piqué, ha pedido al presidente de la Generalidad que “dé explicaciones” sobre esta cuestión. Tras recordarle que había hecho una “declaración solemne de transparencia y de no connivencia” entre los medios de comunicación públicos y privados, Piqué ha mostrado su “extrañeza” por conocer este acuerdo hasta “tres meses después”.
El acuerdo en cuestión fue firmado por Joan Majó y Javier Díez de Polanco el pasado13 de febrero, tres semanas después de la toma de posesión de Majó. El presidente de la televisión pública catalana ocultó tres meses el convenio al consejo de administración, que no fue consultado. El ex ministro socialista y militante del PSC dio a conocer el montante económico del acuerdo en su primera comparecencia ante la comisión de control del Parlamento catalán, el 20 de febrero, aunque no desveló ningún detalle más del mismo.
El secretismo de esta cláusula suscrita con Sogecable y la CCRTV contrasta con la línea editorial de otro medio controlado por Prisa, el diario El País, que en su editorial titulado Prensa y Poder, publicado el pasado 8 de mayo, lamentaba la falta de transparencia entre las administraciones públicas y los medios de comunicación privados.