LD (EFE) Según fuentes gubernamentales, la normativa permitirá combatir la morosidad en los pagos de operaciones comerciales entre empresas, o entre contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas para conseguir unos plazos de pago razonables e impedir retrasos injustificados.
El anteproyecto de ley prevé que la futura norma se aplique a todos los contratos suscritos con posterioridad al 8 de agosto de 2002 fecha en la que España incumplió la incorporación de la Directiva 2000/35/CE sobre los plazos de pago.
La futura ley determina que el plazo de pago será de 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente. No obstante, en una disposición final que modifica la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, indica que en los productos frescos y en los perecederos el aplazamiento no excederá "en ningún caso" 30 días desde la fecha de entrega y recepción de mercancías.
El anteproyecto de ley prevé que la futura norma se aplique a todos los contratos suscritos con posterioridad al 8 de agosto de 2002 fecha en la que España incumplió la incorporación de la Directiva 2000/35/CE sobre los plazos de pago.
La futura ley determina que el plazo de pago será de 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente. No obstante, en una disposición final que modifica la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, indica que en los productos frescos y en los perecederos el aplazamiento no excederá "en ningún caso" 30 días desde la fecha de entrega y recepción de mercancías.
Según la Ley, los aplazamientos en los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán en ningún caso de 60 días, aunque matiza que dicha limitación no se aplicará hasta el 1 de enero de 2007. Hasta entonces, el texto aclara que "los aplazamientos de pago de los productos de alimentación que no tengan carácter de fresco ni perecederos y los productos de gran consumo no excederán de 90 días".
Desde la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) se mostraron "moderadamente satisfechos con el anteproyecto de ley aprobado "ya que acaba con una anormalidad económica, aunque no introduce todas las medidas establecidas por la directiva europea". "El texto no recoge todo lo que obliga la Directiva, especialmente en la legitimación de las organizaciones sociales para reclamar en vía judicial por los contratos con proveedores abusivos", criticaron desde la patronal de la industria alimentaria.
Según la FIAB –organización que denunció a la Administración española ante el Tribunal de Luxemburgo por el retraso de la transposición de la directiva europea–, alguno de sus socios sufren aplazamientos de pagos "que alcanzan los seis meses". Sin embargo, fuentes de la Asociación Nacional de Grandes y medianas Empresas de Distribución (ANGED) aseguraron de nuevo que sus miembros "cumplen la directiva comunitaria sobre plazos de pago", a la vez que recordaron que "el sector de la distribución tiene desde 1996 una regulación específica de pagos a proveedores".
Según la FIAB –organización que denunció a la Administración española ante el Tribunal de Luxemburgo por el retraso de la transposición de la directiva europea–, alguno de sus socios sufren aplazamientos de pagos "que alcanzan los seis meses". Sin embargo, fuentes de la Asociación Nacional de Grandes y medianas Empresas de Distribución (ANGED) aseguraron de nuevo que sus miembros "cumplen la directiva comunitaria sobre plazos de pago", a la vez que recordaron que "el sector de la distribución tiene desde 1996 una regulación específica de pagos a proveedores".