L D (EFE) El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, en conferencia de prensa tras el Pleno, informó de que el dictamen, elaborado por el vocal conservador José Luis Requero, contó con el respaldo de 10 vocales, mientras que se opusieron a él nueve, que presentarán seis votos particulares.
Ocho de los nueve miembros del CGPJ que votaron contra el informe suscribieron una declaración que fue leída por el vocal Juan Carlos Campo en la que denunciaron que el dictamen aprobado "descalifique globalmente y en términos cuasi-peyorativos y tendenciosos el anteproyecto" y utilice afirmaciones de "escaso rigor jurídico", llegando a cuestionar la necesidad de una protección especial para las mujeres.
Según explicó Enrique López, el pleno continuará por la tarde para estudiar las palabras sobre Requero que el miércoles pronunció el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien calificó al vocal de "conservador y connotado miembro del Opus Dei" y también para debatir una declaración institucional contra la violencia doméstica.
Valora la intención del legislador
El informe de Requero fue aprobado en su literalidad y, según recordó el portavoz, valora la intención del legislador y entiende que la violencia doméstica, y especialmente la de género, exige una respuesta enérgica del Estado de Derecho, pero considera que la ley "no es mala por lo que incluye, sino fundamentalmente por lo que excluye". El anteproyecto, insistió, "no se entiende acertado" porque una ley integral debería abarcar todos los ámbitos en los que se manifiesta la violencia doméstica.
Se cuestiona la constitucionalidad de dos puntos concretos: que coacciones y amenazas pasen de ser faltas a delitos sólo cuando el autor sea un hombre y la víctima una mujer y que se creen juzgados especiales de violencia sobre la mujer de los que se excluye al resto de las víctimas de la violencia doméstica. "Entendemos que la mujer no obtiene mayor protección por el hecho de que la ley proteja sólo a la mujer y no va a tener menor protección porque la ley amplíe su ámbito de protección a la generalidad", niños, ancianos, hombres y mujeres agredidas por mujeres en el ámbito familiar, manifestó López.
Discriminación positiva
Según recordó, la discriminación positiva "conduce a una censurable discriminación negativa" y "no es aceptable un concepto de violencia sobre la mujer basado sólo en la intencionalidad del agresor". La creación de juzgados especiales de violencia sobre la mujer se informa favorablemente, pero limitar el acceso a las mujeres genera de nuevo, en opinión del CGPJ, "una discriminación negativa" respecto al resto de víctimas, que tendrán que acudir a los juzgados ordinarios.
Los firmantes de la declaración discrepante fueron el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, y los vocales Montserrat Comas, Juan Carlos Campo, Angeles García, Jospe Alfons López Tena, Javier Martínez Lázaro, Félix Pantoja y Luis Aguiar de Luque. Critican que el informe aprobado llegue "a cuestionarse la necesidad de una protección especial a las mujeres víctimas de violencia ejercida sobre ellas como instrumento de discriminación, desigualdad y mantenimiento de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres".
Estos vocales valoran "positivamente" que se regule un "grave problema -que afecta en más del 90% de los casos, sólo y exclusivamente a las mujeres-, de una manera integral poniendo el acento en las medidas preventivas". Asimismo, los firmantes defienden que se "adopten medidas de acción o discriminación positiva a favor de las mujeres víctimas", pues los poderes públicos están obligados constitucionalmente a "remover los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad" entre sexos. Estiman que el texto, como cualquier otro, "es susceptible de mejoras técnicas" y muestran su deseo de que sea en sede parlamentaria cuando se "alcance el mayor grado de consenso para lograr la mejor y más eficaz" ley.
Problemas con la Constitucion
El presidente de la comisión de estudios del CGPJ, Adolfo Prego, recordó que la finalidad de la ley es aplaudida por todos y que la discrepancia está en los medios para resolver este "serio y gravísimo problema", pues están "mal construidos porque innecesariamente rozan y a veces rompen determinados aspectos constitucionales". La norma, añadió, puede tener "graves problemas de vigencia y validez respecto de la Constitución" como consecuencia de ciertos defectos "que podrían ser subsanados con unos pequeños retoques que realmente son muy fáciles de hacer".
Antes de que se reuniera el pleno, decenas de mujeres de la Red de Asociaciones Feministas contra la Violencia de Género se concentraron frente a la sede del CGPJ y corearon lemas en defensa de la ley integral y en contra del informe de Requero. La portavoz de la Red, Angeles Alvarez, se enfrentó verbalmente con un miembro de la Asociación de Padres Separados, Jesús Arapiles, quien defendió a los hombres maltratados y calificó de "aberración que una simple denuncia de una mujer sea suficiente para condenar a un hombre".