L D (EFE) Azkarraga ofreció una conferencia de prensa en San Sebastián junto a la diputada de esta formación, Begoña Lasagabaster, para proponer una serie de reformas legislativas, entre ellas la derogación de la Ley de Partidos. El consejero exigió que se desvincule de la Audiencia Nacional el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y pidió la excarcelación de los presos enfermos irreversibles o que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, independientemente de los motivos que les llevaron a prisión.
"Todo lo que se avance en este camino será beneficioso para la resolución del conflicto", indicó Azkarraga, quien rechazó, por otra parte, las acusaciones vertidas contra su partido por ETA por su supuesta responsabilidad en la situación de los presos de la organización terrorista y el reciente suicidio de una activista presa en Francia. "A ETA no le gusta que otros hablen de sus presos, pero yo seguiré haciéndolo", aseveró el consejero de Justicia, quien advirtió a la organización terrorista de que "ni con amenazas veladas" van a hacer desistir a EA en su defensa de "los derechos y libertades de todos", incluidos los amenazados o los propios etarras presos.
El consejero, que reclamó la transferencia al País Vasco de las competencias en materia penitenciaria, exigió al Gobierno de Zapatero que acabe con los "'sumarios chicle' que se prolongan sin límite" y afectan a personas pertenecientes a organizaciones ilegalizadas por su relación con ETA. Azkarraga opinó, por otro lado, que es necesario "desandar el camino" impuesto por el PP en sus últimos tres años de gobierno en materia de legislación penal y penitenciaria, con el objetivo de "recuperar para la democracia un espacio que nunca se debió perder".
La diputada guipuzcoana, que anunció la presentación de una serie de iniciativas en este sentido, abogó por abrir una "reflexión" sobre el Código Penal que necesita España y exigió la despenalización de la convocatoria de referendos o el fin de la prisión provisional prolongada. Reclamó la derogación de la Ley de Partidos, al considerar que las formaciones políticas deben regirse por la legislación de asociaciones y que las supuestas actuaciones delictivas cometidas por sus integrantes deberán estar tipificadas en el Código Penal.
Criticó, asimismo, que se ilegalice a los partidos políticos sucesores de Batasuna porque los integran algunos antiguos miembros de esta formación y sostuvo que "no se ha cumplido ninguna garantía mínima procesal y de derecho" de sus integrantes para ser electores.
"Todo lo que se avance en este camino será beneficioso para la resolución del conflicto", indicó Azkarraga, quien rechazó, por otra parte, las acusaciones vertidas contra su partido por ETA por su supuesta responsabilidad en la situación de los presos de la organización terrorista y el reciente suicidio de una activista presa en Francia. "A ETA no le gusta que otros hablen de sus presos, pero yo seguiré haciéndolo", aseveró el consejero de Justicia, quien advirtió a la organización terrorista de que "ni con amenazas veladas" van a hacer desistir a EA en su defensa de "los derechos y libertades de todos", incluidos los amenazados o los propios etarras presos.
El consejero, que reclamó la transferencia al País Vasco de las competencias en materia penitenciaria, exigió al Gobierno de Zapatero que acabe con los "'sumarios chicle' que se prolongan sin límite" y afectan a personas pertenecientes a organizaciones ilegalizadas por su relación con ETA. Azkarraga opinó, por otro lado, que es necesario "desandar el camino" impuesto por el PP en sus últimos tres años de gobierno en materia de legislación penal y penitenciaria, con el objetivo de "recuperar para la democracia un espacio que nunca se debió perder".
La diputada guipuzcoana, que anunció la presentación de una serie de iniciativas en este sentido, abogó por abrir una "reflexión" sobre el Código Penal que necesita España y exigió la despenalización de la convocatoria de referendos o el fin de la prisión provisional prolongada. Reclamó la derogación de la Ley de Partidos, al considerar que las formaciones políticas deben regirse por la legislación de asociaciones y que las supuestas actuaciones delictivas cometidas por sus integrantes deberán estar tipificadas en el Código Penal.
Criticó, asimismo, que se ilegalice a los partidos políticos sucesores de Batasuna porque los integran algunos antiguos miembros de esta formación y sostuvo que "no se ha cumplido ninguna garantía mínima procesal y de derecho" de sus integrantes para ser electores.