L D (EFE) El Ejecutivo comunitario propuso la semana pasada endurecer la regulación de las ayudas públicas concedidas en el marco de la Política de Cohesión, con la retirada de las mismas si la empresa decide trasladar su producción a otra zona antes de que hayan pasado siete años desde que las recibió, frente a los 5 actuales.
En un acto organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, Solbes afirmó que la cuestión de los traslados de empresas a otros países merece un debate en profundidad y confió en que podamos hacerlo "en frío" y no como consecuencia de problemas específicos que afecten a España.
La única solución, vincular los salarios a la productividad
En opinión del vicepresidente, la solución para evitar que las empresas trasladen su producción a países con salarios o impuestos más bajos no es adoptar rebajar salariales o fiscales, sino elevar la productividad y ofrecer a las empresas otras ventajas, como mejores infraestructuras y servicios públicos más eficientes. En este contexto, insistió en que si no vinculamos los salarios con la productividad "estamos perdidos" y reseñó que, en ningún caso, se pueden rebajar las horas de trabajo y mantener los mismos costes.
Solbes valoró el papel que pueden jugar los agentes sociales en este proceso y abogó por establecer un sistema permanente de revisión de las condiciones laborales que suponga olvidar la época en que se firmaban grandes reformas cada cierto tiempo y apostar en cambio por adoptar las reformas que vayan siendo necesarias.
Partidario de bajar la presión fiscal si es posible
Respecto a la fiscalidad, incidió en que la presión fiscal en España es de las más bajas de la UE y se declaró partidario de mantenerla en ese nivel y, si es posible, bajarla. Además, mostró su oposición a las propuestas de armonización fiscal total dentro de la UE, pero sí consideró razonable armonizar las bases, no los tipos, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades.
El ministro se refirió también al debate sobre la vigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, después de la sentencia del Tribunal europeo de Justicia que anuló la suspensión del procedimiento por déficit excesivo contra Francia y Alemania y la decisión del Ecofín de no amonestar a Italia. Solbes admitió que el sistema no funciona como debería, pero incidió en que se han producido resultados positivos que sin el Pacto hubieran sido imposibles.