L D (EFE) El pasado 7 de enero, la juez Teresa Palacios decidió archivar el caso Ertoil, al considerar que, de las diligencias practicadas no se desprendía la comisión de delito alguno en la venta de la empresa Ertoil, filial de Ercros, a la petrolera francesa Elf, operación efectuada en 1991. Nueva Izquierda recurrió la decisión ante la propia juez, que confirmó el archivo, y posteriormente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se ha pronunciado ahora.
El archivo del caso supone la exculpación del ex ministro Josep Piqué, cuya imputación había reclamado la acusación. Piqué ocupaba cargos de responsabilidad en Ercros en 1991, cuando se produjo la venta de su filial Ertoil a la petrolera francesa Elf (ahora TotalFinaElf) a través de la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding (GMH). La juez Palacios decidió archivar el caso al considerar que, de las diligencias practicadas, no se desprendía la comisión de delito alguno.
El archivo fue recurrido por Nueva Izquierda: primero en reforma, ante la propia juez, que ratificó su decisión; y posteriormente en apelación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se ha pronunciado ahora. El auto de la Sección Tercera rechaza las alegaciones de Nueva Izquierda, entre ellas que faltaban por practicarse algunas diligencias solicitadas y que todavía no se había recibido toda la documentación requerida. Según el auto, "en el desarrollo del proceso de investigación se han practicado cuantas diligencias útiles y necesarias se consideraron pertinentes para averiguar los hechos objeto de la denuncia".
Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia escrita de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 2 de agosto de 1999 en la Audiencia Nacional. Sobre la falta de algunos documentos solicitados, el auto admite que Ercros no aportó toda la documentación requerida sobre el destino dado al precio de venta de Ertoil, pero subraya que "había constancia del empleo por parte de Ercros" de la cantidad percibida, "ya que de ello se dio cuenta al Tribunal Supremo". La Sección Tercera rechaza también la petición de Nueva Izquierda de que se aporte el expediente de suspensión de pagos de Ercros, que fue denegada en julio de 2001.
Según el auto, "la resolución denegatoria se produjo en virtud de una petición de otras partes", por lo que "no es momento de reincorporar a la investigación una diligencia que en otro instante procesal se estimó impertinente". A la luz de estos argumentos, la Sala ha decidido desestimar el recurso de apelación e imponer las costas a los recurrentes.
El archivo fue recurrido por Nueva Izquierda: primero en reforma, ante la propia juez, que ratificó su decisión; y posteriormente en apelación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se ha pronunciado ahora. El auto de la Sección Tercera rechaza las alegaciones de Nueva Izquierda, entre ellas que faltaban por practicarse algunas diligencias solicitadas y que todavía no se había recibido toda la documentación requerida. Según el auto, "en el desarrollo del proceso de investigación se han practicado cuantas diligencias útiles y necesarias se consideraron pertinentes para averiguar los hechos objeto de la denuncia".
Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia escrita de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 2 de agosto de 1999 en la Audiencia Nacional. Sobre la falta de algunos documentos solicitados, el auto admite que Ercros no aportó toda la documentación requerida sobre el destino dado al precio de venta de Ertoil, pero subraya que "había constancia del empleo por parte de Ercros" de la cantidad percibida, "ya que de ello se dio cuenta al Tribunal Supremo". La Sección Tercera rechaza también la petición de Nueva Izquierda de que se aporte el expediente de suspensión de pagos de Ercros, que fue denegada en julio de 2001.
Según el auto, "la resolución denegatoria se produjo en virtud de una petición de otras partes", por lo que "no es momento de reincorporar a la investigación una diligencia que en otro instante procesal se estimó impertinente". A la luz de estos argumentos, la Sala ha decidido desestimar el recurso de apelación e imponer las costas a los recurrentes.