(Libertad Digital) El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros tres directivos de esta misma entidad se sentarán en el banquillo de los acusados por el "caso de las cesiones de créditos", para responder de tres delitos diferentes -dos de falsedad documental y otro fiscal- y hacer frente a una responsabilidad civil de 85 millones de euros.
Así lo ha decidido la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que a través de un auto ha comunicado la apertura de juicio oral contra los cuatro responsables del banco y otros 28 clientes de la entidad financiera, que deberán hacer frente al abono de 12,2 millones de euros a la Hacienda Pública por fraude fiscal.
El auto de la juez Palacios dispone también que Botín, los tres ex directivos del Santander (Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso) y los 28 clientes de este producto presten fianzas por un montante cercano a los 136 millones de euros. El escrito señala además que ni el ministerio fiscal ni la Abogacía del Estado han formulado ninguna acusación. Así, Iniciativa per Catalunya (IC) y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (detrás de la que están Francisco Franco Otegui, empedernido enemigo de Botín, junto al ex vicepresidente de Banesto, Rafael Pérez Escolar) conforman, pues, la única acusación popular.
Esta causa, que terminará en juicio pese a que el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado han solicitado su sobreseimiento en innumerables ocasiones, se abrió a principios de los 90, después de que Hacienda iniciara inspecciones a varias entidades al entender que las cesiones de crédito eran opacas al fisco.
¿Qué son las "cesiones de crédito"?
Según la juez, los contratos de "cesión de nuda propiedad de créditos" o "cesión de créditos" que comercializó el Grupo Santander entre los años 1987 y 1991, a veces bajo titularidades irreales o modificadas, permitieron a los clientes evitar el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían entre el 20 y el 25 por ciento del capital depositado. Entre esos años, el Santander realizó cerca de 45.000 operaciones y captó unos 400.000 millones de pesetas (2.400 millones de euros), con lo que el fraude a Hacienda podría haber ascendido, según el auto, a unos 8.000 millones (48 millones de euros).
Así, Teresa Palacios considera que el banco pudo haber incurrido en un delito fiscal -por cooperación o inducción- al haber vendido un producto opaco a Hacienda, además de un delito de falsedad continuada en documento oficial y mercantil, por haber entregado a las autoridades nombres falsos de los titulares de estos productos.
Medio centenar de entidades comercializaron este tipo de productos
El caso que sentará en el banquillo a Botín empezó a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando medio centenar de entidades se lanzaron a la comercialización de este tipo de productos financieros, como fueron las "cesiones de crédito" y también las llamadas "primas únicas". Ya en 1990, y ante la sospecha de que estos productos ocultaban dinero negro, Hacienda inició una intensa campaña inspectora.
El Santander no fue la única entidad a la que se abrieron inspecciones -también se abrieron a La Caixa y a Bankinter- pero sí la única en la que prosperó la investigación, al decidir en solitario no recurrir el requerimiento que le hizo la Hacienda Pública. Este hecho fue determinante para el Santander, dado que le obligó a facilitar a Hacienda un listado con los clientes que suscribieron entre 1987 y 1991 las "cesiones de crédito". La investigación contra esta entidad empezó cuando se descubrió que en el listado facilitado había algunas personas fallecidas.
(Información elaborada con ayuda de EfeData)