L D (EFE) Según la referencia del Consejo de Ministros, con la creación de esta fundación se habilita un instrumento para cooperar con las confesiones religiosas, cumpliendo con el mandato de la Constitución que tras declarar la aconfesionalidad del Estado, en su artículo 16.3 insta a cooperar con las confesiones religiosas.
La Fundación contribuirá a la ejecución de programas y proyectos concretos con las confesiones no católicas con Acuerdo de cooperación con el Estado español o que hayan obtenido la correspondiente declaración de notorio arraigo en nuestro país, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica, de Libertad Religiosa de 1980. El organismo, que tendrá su sede en la Dirección General de Asuntos Religiosos, será gobernada por un Patronato presidido por el Ministro de Justicia. Formarán parte del mismo, además, doce patronos natos, representantes de diferentes departamentos ministeriales, así como otros nueve vocales, de carácter electivo, nombrados en atención a su prestigio, experiencia o contribución a los fines de la Fundación, oídas las confesiones religiosas.
Los fondos con que contará la Fundación se destinarán a actividades no directamente relacionadas con el culto, como la integración cultural, el estudio de las religiones, labores de apoyo a las familias, mujeres y jóvenes, colaboración con ONGs vinculadas a las confesiones y otras análogas . La referencia del Consejo explica que será esta la primera vez que en España se prevé una dotación presupuestaria directa del Estado para colaborar con las confesiones minoritarias.
La creación de la fundación se produce doce años después de la firma, en 1992, de los Acuerdos de cooperación con las confesiones evangélica (protestantes), judía y musulmana, refrendados de forma mayoritaria por los grupos políticos representados en el Parlamento. "Se avanza, dice la referencia, en el camino de facilitar a todos el ejercicio efectivo de la libertad religiosa en plena congruencia con los valores constitucionales que sustentan la democracia". Con esta fórmula fundacional que permite la colaboración del Estado, se pretende también involucrar a la sociedad misma, cuyos agentes podrán hacer donativos, legados y patrocinio de programas concretos.