L D (Agencias) La empresa norteamericana de abogados Piper and Rudnick, contratada por el anterior Ejecutivo español tendrá ahora entre sus cometidos elaborar un informe sobre las posibilidades de mejorar la presencia de España en los medios informativos de EEUU.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según se desprende de una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, ha reorientado el trabajo del bufete de tal forma que se concentre en resolver favorablemente contratos para empresas españolas, atraer inversiones hacia nuestro país y suprimir obstáculos burocráticos a la exportación española a EEUU. En este sentido, empiezan a aflorar datos negativos de comercio exterior con la primera potencia mundial ya que España ha vuelto a caer en la lista de países exportadores hacia EEUU. Entre el 2001 y el 2003, nuestro país escaló del puesto 33 al 29. En lo que va de año, volvemos al 32, por detrás de Irak, Argelia o Nigeria.
Según Europa Press, el apoyo al embajador, Carlos Westendorp, y a la embajada de España en Washington, en el desarrollo de "contactos políticos y económicos a nivel federal, estatal y local", figuran entre los objetivos que deberá perseguir el lobby, cuyo contrato con el Gobierno expira en agosto de 2005.
El contrato se firmó el 30 de diciembre de 2003, con una duración de veinte meses y por un importe total de dos millones de dólares americanos, pagadero en mensualidades de 100.000 dólares, si bien a la firma se pagó como provisión de fondos la cantidad de 700.000 dólares, equivalentes a un 35 por ciento del total.
El Gobierno del PSOE, según se indica en la respuesta parlamentaria, procedió al análisis "en profundidad" del contrato y barajó dos opciones: rescindirlo o reorientar la actividad del bufete hacia acciones concretas. Entre las razones que llevaron a mantener el contrato, el Gabinete socialista menciona, en primer lugar, que no había causa objetiva que justificase la rescisión, puesto que los servicios prestados por P&R han sido "adecuados", aunque sea precisa una reorientación de los mismos. Ya no se menciona la concesión de la medalla del Congreso a Aznar, otrora causa suficiente de escándalo pese a que el Gobierno decía que esos contratos eran habituales.
En segundo lugar, el Gabinete Zapatero considera que su rescisión produciría más "perjuicios" que beneficios a España. De acuerdo con el propio contrato, recuerda el Ejecutivo, hubiera hecho falta un preaviso y el pago de honorarios sobre una base proporcional.