LD (EFE) El aplazamiento contempla una "vacatio legis" (vacaciones legales) hasta el 31 de diciembre para que durante estos meses se lleve a cabo un desarrollo de su normativa que, según la ministra de Fomento, Magadalena Álvarez, encargada de defender ante los diputados esta actuación, permita garantizar "la calidad y la seguridad del ferrocarril".
Álvarez destacó en su discurso "la incuestionable y urgente necesidad" del aplazamiento para conseguir que el ferrocarril sea "un medio rápido y seguro que permita vertebrar el país como medio de comunicación y transporte".
Para la ministra, la ley que iba a entrar en vigor el 18 de mayo, tiene la "suficiente trascendencia como para que se lleve a cabo una vez que se hayan desarrollado las normativas oportunas, pues se trata de diseñar los objetivos de un nuevo ferrocarril, y llevar a cabo una reforma importante". A juicio de Magdalena Alvarez, "hay dos razones de peso que han aconsejado ampliar el plazo de entrada en vigor de la Ley. Por un parte, la falta de desarrollo normativo y, por otra, la indefinición de la función de los dos nuevos organismos que crea la Ley, el operador ferroviario y el detentador de la infraestructura ferroviaria".
Asimismo, el aplazamiento permite mantener las conversaciones oportunas con las comunidades autónomas (Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y Cataluña), así como por el Parlamento Catalán, que tienen presentados recursos de inconstitucionalidad. La ministra también se refirió a la deuda que tiene Renfe, que se aproxima a los 1,3 billones de las antiguas pesetas, unos 7.200 millones de euros, indicando que había que buscar una solución antes de la entrada en vigor de la Ley.
El grupo parlamentario de IU mostró su deseo de que se modificase ampliamente el contenido de la Ley, mientras que, tanto los catalanes como los miembros del grupo mixto se mostraron favorables al aplazamiento. Por su parte, el Partido Popular rechazó el aplazamiento por no "encontrar justificación alguna" en el texto de la ley, y acusó a la ministra de Fomento de llevar a cabo una "decisión caprichosa", que quizás "oculte otras razones interesadas".
La entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario quedará aplazada, al menos siete meses, hasta el 31 de diciembre, fecha límite que se ha marcado el nuevo Gobierno con el respaldo del Congreso de los Diputados.
Álvarez destacó en su discurso "la incuestionable y urgente necesidad" del aplazamiento para conseguir que el ferrocarril sea "un medio rápido y seguro que permita vertebrar el país como medio de comunicación y transporte".
Para la ministra, la ley que iba a entrar en vigor el 18 de mayo, tiene la "suficiente trascendencia como para que se lleve a cabo una vez que se hayan desarrollado las normativas oportunas, pues se trata de diseñar los objetivos de un nuevo ferrocarril, y llevar a cabo una reforma importante". A juicio de Magdalena Alvarez, "hay dos razones de peso que han aconsejado ampliar el plazo de entrada en vigor de la Ley. Por un parte, la falta de desarrollo normativo y, por otra, la indefinición de la función de los dos nuevos organismos que crea la Ley, el operador ferroviario y el detentador de la infraestructura ferroviaria".
Asimismo, el aplazamiento permite mantener las conversaciones oportunas con las comunidades autónomas (Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y Cataluña), así como por el Parlamento Catalán, que tienen presentados recursos de inconstitucionalidad. La ministra también se refirió a la deuda que tiene Renfe, que se aproxima a los 1,3 billones de las antiguas pesetas, unos 7.200 millones de euros, indicando que había que buscar una solución antes de la entrada en vigor de la Ley.
El grupo parlamentario de IU mostró su deseo de que se modificase ampliamente el contenido de la Ley, mientras que, tanto los catalanes como los miembros del grupo mixto se mostraron favorables al aplazamiento. Por su parte, el Partido Popular rechazó el aplazamiento por no "encontrar justificación alguna" en el texto de la ley, y acusó a la ministra de Fomento de llevar a cabo una "decisión caprichosa", que quizás "oculte otras razones interesadas".
La entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario quedará aplazada, al menos siete meses, hasta el 31 de diciembre, fecha límite que se ha marcado el nuevo Gobierno con el respaldo del Congreso de los Diputados.