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Pérez Escolar recusa al juez designado para el “caso de las jubilaciones”

El condenado por el caso Banesto, Rafael Pérez Escolar, que ejerce la acusación particular en el “caso de las jubilaciones”, ha recusado al magistrado Javier Gómez-Bermúdez como presidente del tribunal que juzgará al presidente del Santander, Emilio Botín, ya que, a su juicio, tiene "enemistad manifiesta" e "interés indirecto" en esta causa. Mientras se resuelve su solicitud, Pérez Escolar pide la “suspensión del procedimiento”. El inicio del juicio oral está fijado para el 24 de enero.

LD (EFE) Javier Gómez Bermúdez fue ponente de las piezas de responsabilidad civil de los penados por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en el año 2000 condenó a cuatro años de prisión a Pérez Escolar por su intervención en el caso Banesto.

En 2002, el Tribunal Supremo elevó a diez años la pena de cárcel e impuso a Pérez Escolar indemnizaciones a esta entidad bancaria, filial del Santander, superiores a los ocho millones de euros, y la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el juez Gómez Bermudez, fue la encargada de la ejecución de los bienes embargados por este caso.

En el escrito presentado este martes, la representación del ex vicepresidente de Banesto en la época de Mario Conde observa, además, que existe un "pleito pendiente con una de las partes", ya que Pérez Escolar presentó, este mes, otro recurso de súplica en la Audiencia Nacional, en el que se quejó de la sustitución de la juez Ángela Murillo por Javier Gómez-Bermúdez, "sin dar cualquier explicación sobre los motivos del cambio".
 
"Enemistad manifiesta"

El escrito recuerda que, en el caso Banesto, por el que fue condenado Rafael Pérez Escolar, el magistrado Gómez-Bermúdez atribuyó al ex vicepresidente de la entidad bancaria "fines abyectos y espúreos" con el fin de conseguir "la enésima instrumentalización de los Tribunales de Justicia". Además, los abogados afirman que en este juicio el magistrado demostró  "reiterada hostilidad" hacia Pérez Escolar, lo que significa que "carece de la imparcialidad subjetiva y objetiva necesarias para actuar en el juicio oral, ya que se juzga a Emilio Botín, y Banesto, después de la intervención del Banco de España, se ha convertido en "la filial española más importante" del Banco Santander.

La representación de Rafael Pérez Escolar recuerda asimismo que, a pesar "de la excarcelación" del ex banquero "por gravísimas dolencias", el juez mantuvo, en varios autos de 2003, que se encontraba en situación de "libertad condicional" y que se "abstuviese de cualquier interferencia" en la ejecución de la sentencia del caso Banesto.

Por otro lado, el escrito de recusación indica que el juez Gómez-Bermúdez "ya ha prejuzgado la causa" al alinearse con las posiciones del abogado de Banesto, filial del Banco Santander, y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante quienes se reserva las acciones oportunas, "corrobora la procedencia de la recusación formulada".
 
Resumen del caso de las jubilaciones
 
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgará, a partir del próximo 24 de enero, a Botín, Amusátegui y Corcóstegui, estará compuesta, en principio, por Gómez Bermúdez -como presidente-, Luis Antonio Martínez de Salinas -como ponente- y la juez Raimunda de Peñafort Lorente Martínez. El caso comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al abandonar la entidad a mediados del 2001 el primero y a principios de 2002, el segundo.

Los accionistas del banco Rafael Pérez Escolar, ex vicepresidente de Banesto en la época de Mario Conde, y Francisco Franco Otegui presentaron una querella contra Corcóstegui, Amusátegui y Botín por considerar que recibieron las mencionadas indemnizaciones al dejar la entidad "para dejar el campo libre a Botín". Tras la instrucción del caso, la Audiencia Nacional dio vía libre el pasado 19 de febrero a la apertura de juicio oral, al considerar que Botín, Amusátegui y Corcóstegui cometieron un delito de administración desleal y que las mencionadas retribuciones fueron "indebidas" y supusieron "un perjuicio económico a los accionistas".

El ministerio fiscal de la Audiencia Nacional pidió el sobreseimiento del caso en cuatro ocasiones, la primera en septiembre de 2003 al no apreciar delitos en las indemnizaciones cobradas por Corcóstegui y Amusátegui, la segunda un mes después, la tercera, el 3 de marzo, y la última, el pasado 16 de junio.

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