(Libertad Digital) La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP ha criticado que un asunto tan importante como instar al Gobierno a que relegue la religión a un segundo plano educativo no se puede decidir por el voto de calidad de su presidenta. "Es una muestra más de sectarismo del Ejecutivo. La decisión no la toma la Comunidad Educativa, sino que lo hace una señora nombrada por el Gobierno", ha añadido.
Para ello, se ha puesto como ejemplo las miles de firmas de padres conseguidas por organizaciones que no quieren que se modifique el actual sistema. Así, el PP insta al Ejecutivo a que se respeten los acuerdos firmados en el año 1979 con la Santa Sede en esta materia, al tiempo que ha recordado los convenios con las otras confesiones religiosas que conviven España (protestantes, musulmanes y judíos) y que, al mismo tiempo, nuestro Estado es aconfesional.
Asimismo, el PP advierte que, con esta imposición, el Ejecutivo atenta contra el derecho a la educación reconocido por la Constitución española en su artículo 27 y deja de lado el artículo 74.3 del Tratado Constitucional Europeo, que establece el respeto a la libertad de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.