L D (EFE) Fuentes de Adigsa confirmaron que la mayoría de los vecinos de los edificios números 132, 134 y 136 de la calle Llobregós, a quienes se les citó por teléfono para iniciar las revisiones, se negaron este miércoles a entrar en sus pisos porque aducen que, cuando se derriben los tres edificios más dañados, pueden producirse más movimientos del terreno.
La Generalidad había programado inspeccionar este miércoles 29 pisos de la calle Llobregós, cuyos inquilinos no pusieron ningún reparo al ser notificados este martes, pero este miércoles se han negado a entrar porque preferían que las inspecciones y los certificados de seguridad se redacten y se extiendan una vez se produzcan los derribos de los edificios más dañados. Únicamente un vecino aceptó que se inspeccionara su piso, en el que entró un técnico de Adigsa, un arquitecto perito judicial habilitado por el Colegio de Arquitectos, un técnico independiente de la Asociación de Vecinos, dos miembros de la policía autonómica para levantar el acta y hacer fotografías y un representante del ayuntamiento de Barcelona.
Según el acuerdo entre las administraciones y la asociación de vecinos, los afectados tienen derecho a cuatro certificados diferentes que darán garantías sobre el estado del subsuelo del área: uno firmado por la dirección de la obra, un segundo del Instituto Cartográfico de Cataluña, un tercero de la empresa Eurogeotécnica y un último certificado que será firmado por tres técnicos "independientes". Este último será suscrito por los expertos Eduard Alonso, a propuesta de Obras Públicas, José Manuel Serrano, a propuesta de todas las partes implicadas y Xavier Borrás, que era director general de GISA en el momento en que se aprobó el proyecto del túnel del Carmel.
Pese al deseo del ejecutivo de que el realojo se realice lo antes posible, muchos de los afectados, que no se sienten representados por la asociación de vecinos, se niegan a regresar a sus residencias si antes no se acometen todas las inspecciones y se les avanzan las indemnizaciones.