L D (EFE) El pleno del Tribunal tomó la decisión al declarar infundada una acción de amparo presentada por el ciudadano Gastón Ortiz Acha contra la inhabilitación de Fujimori para ejercer cualquier cargo público durante diez años, dictada en 2000. Los magistrados dictaminaron que el ex presidente "no puede participar en elecciones mientras dure su inhabilitación dispuesta por la Resolución Legislativa Nº 018-2000-CR, que lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de toda función pública".
La resolución señalaba que "en consecuencia, se encuentra inhabilitado para postular, concursar y en general acceder a cualquier cargo o función pública durante el período a que se refiere la resolución legislativa citada". La sentencia, que no se puede apelar, precisó que el demandante alegaba que Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, no podía ser sancionado, ya que al momento de su inhabilitación ya no ejercía como presidente, ya que el Congreso había rechazado su renuncia y declarado su puesto vacante.
El Tribunal señaló que "si bien es requisito indispensable para aplicar la sanción de inhabilitación, ser funcionario público, tal como lo señala la Constitución, esto no implica, necesariamente, que el funcionario acusado deba encontrarse en ejercicio". Basta, según agregó el dictamen, con que los "delitos de función y la infracción constitucional" materia de la acusación, se hayan registrado cuando ocupaba el cargo público. Esta decisión del Tribunal pone punto final a las aspiraciones del ex gobernante de participar en las elecciones generales peruanas del próximo año, para lo cual sus seguidores incluso ya han logrado la inscripción de su partido "Sí cumple".
Fujimori, quien es investigado en Perú por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, ha declarado que es víctima de una persecución política. El gobierno peruano pretende llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El ex presidente dejó el cargo poco después de que se descubriera una gigantesca red de corrupción manejada por su asesor Vladimiro Montesinos, quien está preso en una cárcel militar de Lima desde junio de 2001.
La resolución señalaba que "en consecuencia, se encuentra inhabilitado para postular, concursar y en general acceder a cualquier cargo o función pública durante el período a que se refiere la resolución legislativa citada". La sentencia, que no se puede apelar, precisó que el demandante alegaba que Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, no podía ser sancionado, ya que al momento de su inhabilitación ya no ejercía como presidente, ya que el Congreso había rechazado su renuncia y declarado su puesto vacante.
El Tribunal señaló que "si bien es requisito indispensable para aplicar la sanción de inhabilitación, ser funcionario público, tal como lo señala la Constitución, esto no implica, necesariamente, que el funcionario acusado deba encontrarse en ejercicio". Basta, según agregó el dictamen, con que los "delitos de función y la infracción constitucional" materia de la acusación, se hayan registrado cuando ocupaba el cargo público. Esta decisión del Tribunal pone punto final a las aspiraciones del ex gobernante de participar en las elecciones generales peruanas del próximo año, para lo cual sus seguidores incluso ya han logrado la inscripción de su partido "Sí cumple".
Fujimori, quien es investigado en Perú por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, ha declarado que es víctima de una persecución política. El gobierno peruano pretende llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El ex presidente dejó el cargo poco después de que se descubriera una gigantesca red de corrupción manejada por su asesor Vladimiro Montesinos, quien está preso en una cárcel militar de Lima desde junio de 2001.