L D (Europa Press) Tras formalizar la presentación del recurso en el Alto Tribunal, Merry del Val manifestó que la decisión del Gobierno central de cambiar la ubicación de la CMT es "un error", porque perjudica a los trabajadores, a las empresas de telecomunicaciones, a los contribuyentes y a los usuarios, y constituye una "deportación arbitraria realizada únicamente por motivos políticos".
En este sentido, el consejero autonómico aseveró que el traslado "perjudica gravemente" a los 140 trabajadores del regulador, que deben elegir "entre trasladar toda su familia a Barcelona o quedarse sin puesto de trabajo", y también a las empresas del sector, ya que el 90 por ciento están instaladas en la capital y deberán "moverse continuamente entre Madrid y Barcelona para solucionar sus problemas".
Asimismo, Merry del Val remarcó que el cambio de sede supone un perjuicio para los contribuyentes, porque el propio traslado y el funcionamiento de la CMT en la Ciudad Condal supondrán un coste adicional, que de momento está sin cuantificar, dado que depende de las medidas concretas que se adopten para minimizar el impacto de la medida en la plantilla.
El Gobierno autonómico considera igualmente que el traslado del regulador se produce en un momento "especialmente malo", debido al cambio de la legislación de telecomunicaciones en la Unión Europea (UE) y su transposición a la normativa española, lo que puede conllevar perjuicios para los usuarios, añadió el consejero de Economía.
Cuestiones de fondo y de forma
La Comunidad basa también su recurso en una cuestión "de forma". A su juicio, la CMT es un organismo autónomo que tiene potestad para decidir "sin ningún tipo de presión política" el lugar donde debe desarrollar su trabajo. En este caso, "el sitio lógico" para ubicar el regulador es Madrid, porque es "donde están el 90% de las empresas de telecomunicaciones y la secretaría de Estado de Telecomunicaciones".
El Gobierno regional pide al Supremo que como medida cautelar paralice el traslado de la sede de la CMT a Barcelona hasta que se resuelva el contencioso administrativo, ya que la ejecución del traslado "podría hacer perder la finalidad legítima del recurso" y supondría un grave perjuicio de "difícil reparación" para el organismo, sus trabajadores, las empresas, el sector y la Comunidad de Madrid.
Deslocalización, no descentralización
En el recurso, la CAM señala que el cambio de sede acordado por el Gobierno vulnera los límites de la potestad discrecional de autoorganización del Gobierno por "falta de causas jurídicas, técnicas, económicas o de cualquier otra índole que aconsejen la medida". A ello se suma "la desviación de poder, la arbitrariedad del traslado y la vulneración de los principios de eficacia, descentralización y buena administración", ya que el traslado aleja el organismo regulador de sus administrados.
Por ello, el Gobierno autonómico cree que la medida adoptada unilateralmente por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "no es una descentralización, sino una deslocalización". En este sentido, el recurso indica que la decisión del cambio de sede "ha causado ya una auténtica convulsión en este estratégico sector de la economía nacional".
Además, señala que el traslado supone "una amenaza para la competitividad de las empresas españolas", al producirse en pleno proceso de implantación del nuevo marco regulador, e implica una retraso del ritmo de trabajo de la Comisión, como demuestra ya la reducción del número de resoluciones aprobadas debido a la incertidumbre generada por la medida".
El recurso de la Comunidad de Madrid se une así al presentado por los trabajadores de la CMT, que se han basado en la "nulidad" del Real Decreto que establece el cambio de ubicación. Además, la plantilla del organismo también ha interpuesto un recurso laboral ante Magistratura de Trabajo, porque considera que con el traslado están siendo "pisoteados" sus derechos laborales.