L D (EFE) El Ejecutivo comunitario constató que las condiciones de la reestructuración se ajustan al artículo 296 del Tratado de la Comunidad Europea, que permite a los Estados miembros proteger sus intereses esenciales de seguridad relacionados con las industrias de la defensa, según un comunicado.
Las condiciones aprobadas por la CE, que tendrán una vigencia de diez años, implican que las ventas de materiales civiles de Navantia no podrán exceder el 20% de las ventas totales de la compañía, definidas a partir de "la media móvil" de su facturación durante periodos de tres años. Además, Navantia deberá comportarse en sus actividades de acuerdo con las condiciones de mercado y mantener así una contabilidad interna separada para sus actividades civiles y militares. Cada vez que firme un contrato para la construcción de un nuevo buque civil, deberá comunicar a la Comisión un cálculo de los costes.
En el caso de la reparación de buques civiles, deberá informarle con periodicidad anual. Por otra parte, las actividades civiles de Navantia no podrán beneficiarse de ayuda estatal alguna, excepto los créditos a la exportación y la ayuda al desarrollo que cumpla los criterios del marco de ayudas estatales a la construcción naval y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, la plantilla de la empresa no será superior a 5.562 personas. La CE, que adoptó su decisión como "punto a", es decir, sin debate interno entre los comisarios, consideró que las condiciones permiten a España proteger sus intereses de seguridad, sin causar distorsiones indebidas de la competencia en el mercado de la construcción y reparación naval.
Además, aseguró que la decisión tiene en cuenta, en lo posible, los problemas "sociales y regionales" derivados de la reestructuración. "Se trata de un paso importante en la reorganización del sector público español de construcción naval. Unida a la venta prevista de los astilleros civiles de Izar y a unas generosas medidas sociales, esta reorganización salvaguarda las necesidades de la construcción naval militar en España y elimina distorsiones de competencia en el sector civil de la construcción naval", declaró la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes. Hasta finales de 2004, Izar era la principal empresa de construcción naval en España, con once centros situados en Galicia, Asturias, País Vasco, Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid, y una plantilla global de cerca de 10.700 empleados.
Mediante dos decisiones adoptadas en 2004, la CE declaró que la empresa estatal, controlada por la SEPI, había recibido en los últimos años ayudas públicas ilegales por valor de 864 millones de euros, por lo que exigió a la empresa el reembolso de este montante más los intereses derivados. Estas decisiones abocaban a Izar a la quiebra financiera e impulsaron así a la SEPI y a los sindicatos a negociar una reestructuración del grupo. El plan de reordenación implica que los astilleros militares, para los que no rigen las restricciones comunitarias en materia de ayudas de Estado, se trasfieran a una nueva empresa pública, Navantia, que podrá mantener un máximo del 20 por ciento de actividad civil. Navantia integra a los astilleros de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Madrid.
Izar entró en liquidación el 1 de abril de 2005 y los administradores judiciales tienen previsto vender los activos restantes (astilleros de Gijón, Sestao y Sevilla y una fábrica de motores de Manises). La venta deberá realizarse en condiciones de mercado, mediante procedimiento abierto, transparente e incondicional, para que los compradores no tengan que cargar con las devoluciones pendientes de la ayuda ilegales a Izar.
En el caso de la reparación de buques civiles, deberá informarle con periodicidad anual. Por otra parte, las actividades civiles de Navantia no podrán beneficiarse de ayuda estatal alguna, excepto los créditos a la exportación y la ayuda al desarrollo que cumpla los criterios del marco de ayudas estatales a la construcción naval y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, la plantilla de la empresa no será superior a 5.562 personas. La CE, que adoptó su decisión como "punto a", es decir, sin debate interno entre los comisarios, consideró que las condiciones permiten a España proteger sus intereses de seguridad, sin causar distorsiones indebidas de la competencia en el mercado de la construcción y reparación naval.
Además, aseguró que la decisión tiene en cuenta, en lo posible, los problemas "sociales y regionales" derivados de la reestructuración. "Se trata de un paso importante en la reorganización del sector público español de construcción naval. Unida a la venta prevista de los astilleros civiles de Izar y a unas generosas medidas sociales, esta reorganización salvaguarda las necesidades de la construcción naval militar en España y elimina distorsiones de competencia en el sector civil de la construcción naval", declaró la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes. Hasta finales de 2004, Izar era la principal empresa de construcción naval en España, con once centros situados en Galicia, Asturias, País Vasco, Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid, y una plantilla global de cerca de 10.700 empleados.
Mediante dos decisiones adoptadas en 2004, la CE declaró que la empresa estatal, controlada por la SEPI, había recibido en los últimos años ayudas públicas ilegales por valor de 864 millones de euros, por lo que exigió a la empresa el reembolso de este montante más los intereses derivados. Estas decisiones abocaban a Izar a la quiebra financiera e impulsaron así a la SEPI y a los sindicatos a negociar una reestructuración del grupo. El plan de reordenación implica que los astilleros militares, para los que no rigen las restricciones comunitarias en materia de ayudas de Estado, se trasfieran a una nueva empresa pública, Navantia, que podrá mantener un máximo del 20 por ciento de actividad civil. Navantia integra a los astilleros de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Madrid.
Izar entró en liquidación el 1 de abril de 2005 y los administradores judiciales tienen previsto vender los activos restantes (astilleros de Gijón, Sestao y Sevilla y una fábrica de motores de Manises). La venta deberá realizarse en condiciones de mercado, mediante procedimiento abierto, transparente e incondicional, para que los compradores no tengan que cargar con las devoluciones pendientes de la ayuda ilegales a Izar.