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Opositores bolivianos exigen al Gobierno anular 72 contratos de explotación de gas y petróleo

El dirigente "cocalero" boliviano Evo Morales anunció que en los próximos días aumentarán las manifestaciones contra la Ley de Hidrocarburos que viene impulsando el Gobierno del presidente Carlos Mesa, que permitirá ampliar la reforma petrolera que acaba de promulgar el Senado. Las organizaciones campesinas y de izquierda exigen que las autoridades anulen 72 contratos de explotación de gas y petróleo suscritos entre el Estado y las compañías petroleras.

LD (EFE) Evo Morales, dirigente del boliviano Movimiento al Socialismo (MAS), anunció que aumentarán las protestas orientadas a presionar al Gobierno para que apruebe una ley que permita profundizar la reforma petrolera que acaba de promulgar el Senado boliviano.
 
El dirigente lanzó esa advertencia después de que el presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, promulgara la norma petrolera que, según Morales, tiene varios puntos "que no se pueden aceptar". Los cambios deben comenzar, según el diputado del MAS Santos Ramírez, con la anulación de los 72 contratos de explotación de gas y petróleo suscritos entre el Estado y las compañías petroleras en la década pasada.
 
Paralelamente ratificó que la marcha campesina que se inició el lunes en la localidad de Caracollo, a 199 kilómetros al sur de La Paz, seguirá adelante y anunció que él se incorporará el próximo lunes para intensificar las movilizaciones destinadas a lograr las modificaciones legales.
 
La Ley de Hidrocarburos promulgada por el Senado establece una "migración obligatoria" (actualización) de los contratos a la nueva legislación en un plazo de 180 días. Según el MAS esto equivale a una anulación directa de los acuerdos, tras el cuestionamiento por parte del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de los contratos con empresas petroleras por no haber sido ratificados en el Congreso.
 
El otro cambio de fondo es la propuesta de subir el pago de las regalías de 18 a 50 por ciento, que el MAS considera "la única forma de garantizar" que el Estado consiga la mitad de los beneficios del negocio del gas, pues cree que el nuevo impuesto de 32 por ciento no asegura el ingreso esperado.

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