LD (EFE) En declaraciones desde la ciudad de México, el jefe de la diplomacia argentina, Rafael Bielsa, ha aclarado que su país sólo extraditará a España a los represores que no estén enfrentado juicios en Argentina. De esa manera, el canciller reaccionó a la decisión del Tribunal Supremo español de anular una decisión adoptada en agosto de 2003 por el Consejo de Ministros. Los jueces consideraron que la medida "no fue conforme a derecho" y que ahora el Gobierno de Madrid "debe cursar" la solicitud de extradición tras comprobar que "reunía las condiciones legalmente exigidas".
Baltasar Garzón pedía a Buenos Aires que extraditara a 39 ex militares y un civil acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar argentina. Entre los reclamados por Garzón por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, figuran los ex miembros de las juntas militares argentinas Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, así como el ex general Carlos Suárez Mason, que dirigió el Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura (1976-1983).
Bielsa dijo que el tema deberá ser tratado por el Consejo de Ministros del Gobierno español y que, en caso de que Madrid solicite la extradición, "Argentina actuará conforme al derecho internacional. Si el Consejo de Ministros (de España) le diera luz verde, Argentina se atendría al principio del Derecho Internacional Humanitario que establece que 'o lo juzgas o lo entregas'". Añadió que "viendo caso por caso, si Argentina ya está juzgando a alguien por los delitos que se reclama la extradición, no lo extraditaría por que ya los estaríamos juzgando. Pero si no los estuviéramos juzgando, sí los extraditaríamos en cumplimiento del principio universal del DIH".
La extradición de los 40 argentinos había sido requerida por Garzón el 19 de agosto de 2003, tres semanas después de que fueran detenidos en Argentina. El juez los había procesado el dos de noviembre de 1999, en un auto en el que afirmaba que, en 1975, los militares que derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón diseñaron "un plan sistemático de desaparición y eliminación física de ciudadanos" en función de su ideología, raza o religión.