LD (Agencias) El Ejecutivo recuerda, en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press, que el coste global de la operación de cambio de sede recaerá en el presupuesto del propio organismo y todavía no puede cuantificarse, dado que dependerá del resultado de las negociaciones que mantienen actualmente los trabajadores con la dirección de la CMT.
Para el Ejecutivo, las alternativas que se ofrezcan a los trabajadores que se nieguen a trasladarse a Barcelona no deben ser obstáculo para garantizar el correcto funcionamiento del regulador. Entre dichas alternativas, que tienen como objetivo conciliar el traslado con la atención a los intereses legítimos de los trabajadores, se encuentran la incentivación, la compensación y la reubicación en otros organismos públicos, así como la reincorporación al servicio activo en el caso de los funcionarios.
Antes de dimitir como presidente de la CMT, Carlos Bustelo recordó al Gobierno que este organismo tiene adscrita una plantilla de 140 trabajadores de la que sólo cuenta en la actualidad con 130. Se trata de empleados muy cualificados que se han formado dentro de la comisión y recordó no hay en el mercado trabajadores especializados en regulación. La mayoría de los trabajadores tienen entre 35 y 40 años. Son personas con familias en las que trabajan los dos, que están pagando una hipoteca y a los que les preocupa mucho los problemas de inmersión lingüística para sus hijos.
El comité de empresa de la CMT mantiene abierta una mesa de negociación con la dirección del organismo y también se reúne periódicamente con representantes de Industria. El departamento que dirige José Montilla se ha comprometido ya a que las recolocaciones del personal que no se traslade a Barcelona se realicen en cualquier organismo de la Administración General del Estado. La intención de los trabajadores y el Ministerio es mantener una "comunicación fluida" que facilite el acuerdo final, un documento que deberá recoger tres aspectos básicos: las condiciones del traslado a la Ciudad Condal, la garantía de funcionamiento eficaz del regulador y las recolocaciones del personal que se quede en Madrid.