LD (EFE) En una breve declaración, el dictador chileno Augusto Pinochet asume "toda la responsabilidad" por sus cuentas secretas depositadas en bancos extranjeros y por el origen de su fortuna. El militar retirado afirma que su esposa, Lucía Hiriart, y de su hijo menor, Marco Antonio, procesados y detenidos por orden del juez Sergio Muñoz bajo los cargos de complicidad en un millonario fraude tributario, no tienen participación en los hechos que se le imputan. Esta es la primera vez que el dictador reconoce algún grado de responsabilidad en hechos irregulares.
La declaración se conoció un par de horas después que el ex gobernante de facto (1973-1990) acudiese a visitar a su esposa en el Hospital Militar de Santiago, donde cumple la orden de prisión preventiva dictada por el juez. Desde allí, Pinochet dio a conocer el texto donde señalaba: "asumo toda la responsabilidad por los hechos que investiga el ministro señor Muñoz y niego toda participación que en ellos pueda corresponder a mi cónyuge, mis hijos y mis colaboradores más próximos. Si a alguien quieren encarcelar, enjuiciando a una parte de la historia de Chile, que sea a mí y no a personas inocentes".
En el texto, Pinochet concluye reiterando que "jamás defraudé al Estado ni obtuve provecho ilegal del ejercicio de los cargos que desempeñé. Entregué, por razones de prudencia, ya que sería objeto de persecución y hostigamiento político, a instituciones profesionales extranjeras los ahorros de toda mi vida. Si hubo alguna diferencia tributaria mis asesores han pagado todo lo que corresponde".
En su resolución de 27 páginas, cuyos detalles se conocieron horas después de confirmarse la orden de detención de Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet Hiriart, el juez Muñoz señala que ambos abrieron cuentas en el extranjero que permitieron al general evadir impuestos. Hasta ahora, el estatal Servicio de Impuestos Internos ha cifrado los impuestos evadidos en cinco mil millones de pesos (8,92 millones de dólares).
Aunque el juez otorgó después la libertad provisional a ambos, con una fianza de dos millones de pesos (3.571 dólares), el beneficio debe ser ratificado por la Corte de Apelaciones, que verá el caso este viernes. Por tanto, los dos siguen detenidos: la madre en el hospital y el hijo en una cárcel especial para delincuentes económicos.