L D (EFE) Julianna Traser, la autora del informe, se lamentó de la falta de colaboración oficial. "La actitud de las autoridades españolas podría considerarse un obstáculo a la libertad de información, ya que los datos que precisaba para el estudio son públicos y de interés general", afirmó.
El estudio "¿Quién tiene miedo de la ampliación de la UE?" pretendía aportar datos de todos los países miembros de la Unión para mostrar lo infundado de los temores a una inmigración masiva en Europa occidental de trabajadores procedentes de los nuevos estados miembros.
Sin embargo, hallar la información sobre la inmigración de europeos del este en España, así como en Bélgica, Italia, Luxemburgo y Portugal, fue tarea imposible para los responsables del estudio. En el caso de nuestro país, la autora dijo haber consultado páginas web, tales como la del Ministerio de Trabajo, sin encontrar traducción posible y, cuando la solicitó "expresamente y de forma reiterada", no recibió respuesta alguna.
Estas declaraciones han sido hechas este miércoles en Bruselas en la presentación del estudio, que, según sus responsables, refleja cómo "parte del miedo existente a la libre circulación de trabajadores europeos nace de la desinformación ciudadana". "La preocupación por la llegada masiva de inmigrantes de otros Estados miembros sólo puede combatirse con información, tarea que corresponde a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales", aseguró Tony Venables, director de la ONG.
El estudio aboga por la abolición de las medidas que aún restringen la movilidad de trabajadores del Este, ya que contradicen el principio de libre circulación de la Unión. Destaca que el incremento real de emigración desde los nuevos estados miembros a los antiguos está por debajo del 1 por ciento que se pronosticó en el momento de la ampliación.
El estudio aboga por la abolición de las medidas que aún restringen la movilidad de trabajadores del Este, ya que contradicen el principio de libre circulación de la Unión. Destaca que el incremento real de emigración desde los nuevos estados miembros a los antiguos está por debajo del 1 por ciento que se pronosticó en el momento de la ampliación.
La ONG responsable del informe, Servicio Europeo de Acción Ciudadana (ECAS, en sus siglas en inglés), fue creada en 1990 para impulsar los derechos de los ciudadanos europeos y especialmente hacer realidad la libertad de circulación reconocida por los tratados comunitarios.