(Libertad Digital) La Memoria Anual de la Audiencia Nacional describe cómo se han dado varios casos en los que "perjudicados cuya determinación objetiva con los hechos (los atentados del 11-M) es más que dudosa, e incluso por el Instructor (Juan del Olmo) se ha resuelto retirar su condición de perjudicado, han obtenido ya beneficios con base a su situación de víctima, y algunos han llegado a percibir indemnizaciones cuantiosas". Mientras, por otro lado, "a personas, con situación de perjudicado clara y objetiva, se les han negado los beneficios o las indemnizaciones", aunque se recuerda que no hay todavía sentencia firme. El documento ha sido adelantado este miércoles por el diario La Razón.
En otros casos también otras personas fingieron haber sido víctimas de los atentados del 11 de marzo con el objetivo de adquirir la nacionalidad española. El Gobierno todavía en el poder prometió que concedería el permiso de residencia y la nacionalidad española a los inmigrantes ilegales que hubieran sido víctimas de los atentados. Tres personas han reconocido ya que alegaron falsamente haber sido víctimas de las explosiones ocurridas en Madrid "con el objeto de legalizar su situación en España".
Falta de coordinación
En estos momentos hay 69 casos que están siendo investigados. La Unidad, teniendo en cuenta el reconocimiento médico y las declaraciones de los interesados, considera que "no se evidencia relación entre los daños que se refieren padecidos y los hechos objetos de instrucción". De han remitido por el momento 13 casos a los Juzgados de instrucción de Madrid por presunta simulación de delito.
Por otra parte, las verdaderas víctimas están sufriendo la forma en que se está instruyendo el caso. Por un lado parte de ellas no ha recibido las ayudas que sí han llegado a otras personas que no fueron afectadas por las explosiones. Por otro lado, la "diversificación de actuaciones" produce "desorientación de las víctimas, muchas veces por falta de información, y, en algunos casos, por 'desinformación'". En concreto, la Audiencia Nacional menciona que las víctimas han de enfrentarse a "multitud de procesos, impresos, documentos, etc, que tienen que recopilar, presentar, rellenar" ante "distintas administraciones, entidades, organismos, etc. (Ministerio del Interior, Policía, Consorcio de Compensación de Seguros, Servicios Médicos, Administración de Justicia, etc)".
Todo ello provoca un transtorno en las víctimas, por que "una y otra vez, tengan que contar su historia, y una y otra vez tengan que ser reconocidos por distintos médicos pertenecientes cada uno de ellos a las distintas administraciones, organismos y entidades". La causa está en "la falta de coordinación entre las administraciones y entidades que facilitan la prestación de servicios a las víctimas".