L D (Europa Press) En agosto, Joan Puig irrumpió en la residencia mallorquina de Pedro J. Ramírez exhibiendo su carnet de diputado en compañía de varias personas vinculadas a la izquierda balear. El Grupo Popular, en un escrito, sostiene que Puig "violó el domicilio de un particular haciendo ostentación de su condición de diputado" y recuerda que han pasado 30 días desde el incidente sin que el diputado de ERC "haya dado ninguna explicación ni pedido disculpa alguna", y "sin que el Parlamento haya adoptado ninguna medida ni se haya iniciado ningún trámite para investigar lo sucedido".
Los populares recuerdan que "los artículos 16 y 17 del capítulo tercero (de los deberes de los diputados) del Reglamento del Congreso especifican en su espíritu de forma indubitada que los diputados están obligados a adecuar su conducta al reglamento, a comportarse con honor y a no invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para actividades privadas ajenas a la vida parlamentaria". A su juicio, estos preceptos ponen de manifiesto que "la utilización para actividad privada de la condición de diputado está expresamente prohibida y es susceptible de ser sancionada". "Desde nuestro punto de vista, esta actuación ha dañado la imagen de los miembros de esta Cámara", proclaman.
Tras expresar "preocupación por el decoro de la cámara y la defensa de la honorabilidad de la institución", el PP se dirige a Marín para que la Comisión del Estatuto de los Diputados, que preside el socialista catalán Daniel Fernández, examine los sucesos referidos y adopte las medidas a que hubiera lugar.