L D (EFE) El Ministerio peruano de Relaciones Exteriores confirmó que el ex presidente Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, se presentó en el consulado de Tokio para recoger su pasaporte. Fuentes diplomáticas en Lima indicaron que el ex mandatario fue atendido "por funcionarios, de acuerdo a la Constitución y al reglamento consular vigente".
El portavoz de la Cancillería, el embajador José Torres Muga, informó de que el hecho de haber entregado el pasaporte a Fujimori, quien huyó a Japón en 2000, no implica que el Ministerio vaya a paralizar el proceso de solicitud de extradición a las autoridades niponas.
Una nota oficial emitida desde la Cancillería peruana recuerda que, "sin perjuicio" de haber entregado el documento, "Fujimori tiene procesos pendientes en Perú por diversos delitos de violación a los derechos humanos y corrupción". El comunicado agrega que el ex mandatario "no ha sido aún juzgado" y en este sentido requiere de "la oportuna cooperación del Gobierno de Japón respecto a los pedidos (de extradición)".
Por su parte, el procurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, confirmó que Fujimori acudió al Consulado peruano en Tokio acompañado de su hijo menor, Kenyi Alberto, y de miembros de su guardia personal que tomaron fotos e imágenes del acontecimiento. El ex gobernante, de 67 años, estuvo en la sede consular durante treinta minutos, según el procurador, quien agregó que "este acto demuestra que Fujimori es, ha sido y será peruano, hecho que implica derechos y deberes". Entre los deberes, Maldonado explicó que el ex mandatario peruano debe someterse a la justicia y afrontar los 22 procesos por delitos de enriquecimiento ilícito y delitos de lesa humanidad, entre otros.
Tras la caída de Fujimori, considerado por las Naciones Unidas como uno de los diez líderes más corruptos del mundo, se iniciaron en Perú procesos contra 1.567 personas, de las cuáles 119 figuran como prófugos, entre ellos el propio ex presidente, mientras que otras 96 personas han sido detenidas. Hasta el momento, la Justicia no ha dictado ninguna sentencia superior a 14 años, a pesar de que muchos de los juicios se deben a delitos de lesa humanidad y narcotráfico, penados con hasta 30 años de prisión.