(Libertad Digital) La ministra María Antonia Trujillo ha destacado que con esta Sociedad Pública de Alquiler "el propietario no tendrá ningún problema para cobrar y el inquilino dispondrá de más oferta y de un gasto entre un 10 y un 15 por ciento menor al precio de mercado".
Según la agencia de noticias Europa Press, Trujillo ha hecho estas declaraciones tras firmar este lunes, con el titular del Gobierno autonómico de Galicia, Emilio Pérez Touriño, el Protocolo de la Sociedad Pública de Alquiler, la segunda comunidad con la que suscribe este acuerdo, tras la de Cantabria.
Efectivamente, según informa la web de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), a partir del momento de la suscripción del contrato de arrendamiento, y por un periodo de cinco años prorrogables, “se garantiza al propietario la percepción de la cantidad mensual acordada”.
El propietario comenzará a percibir la cantidad acordada por ambas partes en el contrato de arrendamiento una vez se haya ocupado su vivienda. “A partir de esta firma, la Sociedad Pública de Alquiler garantiza al propietario el cobro de la cantidad acordada mientras el contrato de gestión firmado por ambas partes esté en vigor. Todo ello con independencia de que la vivienda esté desocupada”.
Si el inquilino anuncia su decisión de rescindir el contrato de arrendamiento (siempre con un mes de antelación), el propietario tendrá dos opciones: No mantener la relación contractual con la Sociedad Pública de Alquiler, o mantenerla y seguir cobrando la renta mientras la SPA le busca otro inquilino. Según afirma la información publicada en la web de este organismo, “mientras esté en vigor el contrato de gestión, el propietario tiene asegurada la percepción mensual de la cantidad acordada, con independencia de que la vivienda esté desocupada. La Sociedad Pública de Alquiler posibilitará la ocupación de la vivienda, durante la vigencia del contrato de gestión, facilitando cuantos inquilinos sean necesarios para ello”.
En virtud de este contrato, la SPA se obliga a gestionar y cobrar la renta del inquilino, mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad y devolverla al propietario, al término del contrato, en las mismas condiciones en que fue entregada. Además, también se compromete a ofrecer al propietario asistencia letrada en los litigios derivados del contrato de arrendamiento.