(Libertad Digital) José Barea ha coordinado un estudio presentado en el Observatorio Económico FAES dedicado a estudiar las consecuencias económicas del Estatuto catalán propuesto por el tripartito. El informe revela que de haberse aplicado en el año 2003, último para el que hay datos completos, la Generalidad de Cataluña hubiera dispuesto de 18.260 millones de euros más, lo que "prácticamente habría doblado el presupuesto" del gobierno regional.
Ello hubiera implicado una pérdida para cada español (a excepción de los catalanes) de 544 euros, que operaría a través de una minoración de la transferencia del Estado procedente del Fondo de Nivelación. Las comunidades autónomas más perjudicadas, según halló el estudio coordinado por José Barea, serían Extremadura, Castilla-León, La Rioja y Aragón.
Esta ha sido solo una de las conclusiones vertidas por los siete expertos reunidos por la FAES para analizar el texto. Alberto Recarte ha advertido de que el Estatuto impone "una regulación exhaustiva y despótica" y está concebido por una "teocracia nacionalista". El gobierno regional está aprovechando un miedo a la globalización "comprensible, dada la baja competitividad de la economía española". Pero no está aprovechando la situación para decirle a los españoles que hay que mejorar esa competitividad, sino "para engañarles" haciéndoles creer que "es necesario un cirujano de hierro". El texto que resulta de esa concepción es "opresivo" porque "convierte a los ciudadanos en súbditos".
Juan Iranzo destacó lo extraordinario de haberse tenido que enfrentar a un texto "que se basa en la autarquía". Mientras que el mundo se va haciendo más abierto y los mercados más globales, el Estatuto "va en contra de esa realidad". Juan Velarde ha criticado que el texto rompería la unidad de mercado, con grave perjuicio de la economía de Cataluña. Ricardo Fornesa y José Manuel Lara han advertido recientemente que con el Estatuto "está en peligro la relación con el mercado nacional".
Este carácter autárquico se ve agravado por el aumento de "costes de transacción" que se producirían con el Estatuto, tanto por la minuciosa regulación como por el uso obligatorio del catalán incluso dentro de las mismas empresas. Según Iranzo "Todo ello reduciría la competitividad de Cataluña, lo que se manifestaría en menos inversiones y en un proceso de deslocalización" industrial en otras partes, opinión en la que coincide Juan Velarde. El resultado sería "una destrucción de empleo", apunta Iranzo.
Varios de los siete expertos han coincidido en que, más allá de las consecuencias económicas, el Estatuto supone un ataque a las libertades personales. Francisco Cabrillo ha declarado que "Este proyecto de Estatuto constituye un auténtico ataque a la autonomía de la sociedad civil por parte del poder político". Joaquín Trigo Portela ha destacado que el texto llega a regular las "relaciones de pareja y otras formas de convivencia", así como "el tiempo libre" o "el ambiente atmosférico". La palabra Cataluña aparece 481 veces, la de ciudadanos 34 y la de catalanes sólo nueve.
Juan Iranzo ha destacado que según el Estatuto "un trabajador inmigrante en situación legal en España no podrá moverse libremente por todo el territorio nacional. Aparte de otras consideraciones relativas a derechos fundamentales, esta posibilidad implicaría una pérdida de eficiencia económica".