L D (EFE) Un portavoz de la Procuraduría confirmó a Efe que este mismo miércoles se completará la presentación de las 22 solicitudes, una tarea que comenzó este martes cuando se tramitaron 16 pedidos.
Con las solicitudes en manos, dos vocales del Supremo se encargarán de la elaboración de los expedientes, antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros, debido a que la extradición es "un tema político y jurídico", precisó la fuente. Los integrantes del grupo paramilitar Colina, felicitados y condecorados por Fujimori después del asesinato de 25 personas en esos casos, están procesados como autores materiales, pero todo apunta a que el ex presidente pudo ser el autor intelectual.
En el momento de su detención en Santiago de Chile, el pasado domingo, otros nueve casos estaban listos para ser traducidos al japonés y ser enviados a Tokio, a pesar de que las autoridades niponas no habían respondido a los dos pedidos de extradición emitidos anteriormente. Fujimori se acogió a la nacionalidad japonesa que sus padres le habían reservado al nacer en Perú y, como ciudadano japonés, estuvo protegido de una eventual extradición, según la legislación del país asiático.
Sin embargo, el Estado peruano insistió en pedir su extradición como ex mandatario prófugo de la Justicia y adelantó que iría a la Corte Penal Internacional de la Haya para presionar a Japón. Con Fujimori en Chile, las autoridades peruanas deben de recorrer un largo camino de trámites, que incluyen el copiado de los atestados policiales, las pruebas de cargo y descargo, la acusación fiscal, el auto de enjuiciamiento y la declaración de contumacia.
El vocal supremo José Luis Lecaros aseguró que los expedientes de extradición estarán listos en la primera semana de diciembre, tras expresar su confianza en que Chile aprobará la extradición del ex jefe de Estado, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Además de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales Fujimori afronta una pena de 30 años de prisión, la Procuraduría ha recomendado la extradición por el asesinato del sindicalista Pedro Huilca y las torturas a ex agentes de información en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército.
El ex mandatario también está acusado de promulgar decretos de urgencia para la compra irregular de aviones de combate a Bielorrusia y transferir fondos desde los Ministerios de Defensa e Interior al Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido entonces por su principal asesor, Vladimiro Montesinos, encarcelado desde 2001. Asimismo, deberá responder por el pago de una indemnización de 15 millones de dólares a Montesinos, justificada en sus diez años de servicios como consejero de información, así como por el encubrimiento del ex asesor en su fuga a Panamá y por allanamiento de su casa a fines del 2000 para confiscar documentos y vídeos comprometedores.
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe los pedidos de extradición completos serán enviados a Chile por medio de la Cancillería. La Corte Suprema de Chile tendrá, con las solicitudes en mano, hasta un año para responder a las autoridades peruanas, tiempo durante el cual Fujimori seguirá detenido, según el tratado bilateral de extradición.
El presidente de la Corte Suprema de Perú, Walter Vásquez, afirmó este miércoles que los trámites se harán con "pleno respeto" de los plazos y la "debida aplicación" de los principios jurídicos. "Se actuará de manera escrupulosa, edificante y, sobre todo, sujeta a la Constitución y las leyes", recalcó el titular del ato tribunal en una nota de prensa oficial.
Con las solicitudes en manos, dos vocales del Supremo se encargarán de la elaboración de los expedientes, antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros, debido a que la extradición es "un tema político y jurídico", precisó la fuente. Los integrantes del grupo paramilitar Colina, felicitados y condecorados por Fujimori después del asesinato de 25 personas en esos casos, están procesados como autores materiales, pero todo apunta a que el ex presidente pudo ser el autor intelectual.
En el momento de su detención en Santiago de Chile, el pasado domingo, otros nueve casos estaban listos para ser traducidos al japonés y ser enviados a Tokio, a pesar de que las autoridades niponas no habían respondido a los dos pedidos de extradición emitidos anteriormente. Fujimori se acogió a la nacionalidad japonesa que sus padres le habían reservado al nacer en Perú y, como ciudadano japonés, estuvo protegido de una eventual extradición, según la legislación del país asiático.
Sin embargo, el Estado peruano insistió en pedir su extradición como ex mandatario prófugo de la Justicia y adelantó que iría a la Corte Penal Internacional de la Haya para presionar a Japón. Con Fujimori en Chile, las autoridades peruanas deben de recorrer un largo camino de trámites, que incluyen el copiado de los atestados policiales, las pruebas de cargo y descargo, la acusación fiscal, el auto de enjuiciamiento y la declaración de contumacia.
El vocal supremo José Luis Lecaros aseguró que los expedientes de extradición estarán listos en la primera semana de diciembre, tras expresar su confianza en que Chile aprobará la extradición del ex jefe de Estado, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Además de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales Fujimori afronta una pena de 30 años de prisión, la Procuraduría ha recomendado la extradición por el asesinato del sindicalista Pedro Huilca y las torturas a ex agentes de información en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército.
El ex mandatario también está acusado de promulgar decretos de urgencia para la compra irregular de aviones de combate a Bielorrusia y transferir fondos desde los Ministerios de Defensa e Interior al Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido entonces por su principal asesor, Vladimiro Montesinos, encarcelado desde 2001. Asimismo, deberá responder por el pago de una indemnización de 15 millones de dólares a Montesinos, justificada en sus diez años de servicios como consejero de información, así como por el encubrimiento del ex asesor en su fuga a Panamá y por allanamiento de su casa a fines del 2000 para confiscar documentos y vídeos comprometedores.
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe los pedidos de extradición completos serán enviados a Chile por medio de la Cancillería. La Corte Suprema de Chile tendrá, con las solicitudes en mano, hasta un año para responder a las autoridades peruanas, tiempo durante el cual Fujimori seguirá detenido, según el tratado bilateral de extradición.
El presidente de la Corte Suprema de Perú, Walter Vásquez, afirmó este miércoles que los trámites se harán con "pleno respeto" de los plazos y la "debida aplicación" de los principios jurídicos. "Se actuará de manera escrupulosa, edificante y, sobre todo, sujeta a la Constitución y las leyes", recalcó el titular del ato tribunal en una nota de prensa oficial.