LD (EFE) El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Oscar Maúrtua de Romaña, ha convocado al embajador en Tokio, Luis Macchiavello, que regrese a Lima. La orden tiene lugar después de que Japón pidiera a Chile un "trato justo" al ex presidente Alberto Fujimori detenido en Santiago. Además, informó a las autoridades niponas de que carecen de "competencia para intervenir" en el caso.
Maúrtua de Romaña convocó el martes al embajador nipón en Lima, Hitohiro Ishida, al que expresó "el malestar" de su país por la lentitud que mostró Tokio para responder a las peticiones de extradición de Fujimori presentadas a Japón. El Gobierno peruano señaló que "cualquier intervención del Gobierno japonés en el proceso de extradición que sigue ante las autoridades de Chile sobre el ciudadano peruano Alberto Fujimori constituirá una inaceptable injerencia".
Un portavoz del Ministerio de Relaciones de Perú explicó que la orden de traslado de Macchiavello implica una "protesta mayor" que la de llamar al embajador a consultas y supone que se rebaja el nivel de la representación diplomática en el país asiático. La designación de un nuevo embajador será resuelta cuando lo decidan el Gobierno y la Cancillería peruana, agregó el portavoz.
Lentitud y malestar
Durante la reunión, Ishida confirmó al canciller las gestiones que hace la embajada de su país en Santiago de Chile sobre la situación de Fujimori. Al respecto, Maúrtua dijo en una nota oficial que "el señor Alberto Fujimori ejerce, por opción propia, la nacionalidad peruana, por lo que el Gobierno de Japón carece de competencia para intervenir en el proceso de extradición que sigue el Perú ante las autoridades chilenas".
El canciller manifestó, además, el "malestar del Gobierno de Perú por la lentitud y la dilación que exhibieron las autoridades japonesas respecto a los pedidos de extradición que formuló el Gobierno peruano y que nunca obtuvieron respuesta". Lima presentó desde 2003 dos solicitudes de extradición de Fujimori, por crímenes de lesa humanidad y peculado, que nunca fueron resueltas por las autoridades de Tokio.