El Consejo de Ministros deroga la "acción de oro" que el Gobierno mantenía en cuatro empresas privatizadas

LD (Agencias) La derogación de la acción de oro será tramitada como ley, por lo que el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al proyecto de ley que ahora se remitirá al Congreso de los Diputados, donde iniciará su gestión parlamentaria. Con esta derogación, el Ejecutivo español acata la petición de la Comisión Europea, que el pasado julio instó a España a ejecutar la sentencia de mayo de 2003 del Tribunal de Justicia sobre la acción de oro, en la que consideraba que este privilegio restringía la libre circulación de los mercados.

 

Para suprimir la "acción de oro", se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas que estableció la ley de privatizaciones de 1995, según apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno. María Fernández de la Vega explicó que con esta decisión se pretenden "zanjar definitivamente" los problemas surgidos entre la normativa española y la europea, acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y evitar así posibles sanciones, por su incumplimiento, por parte de la Comisión Europea.

 

Casualmente, esta derogación coincide con la OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa. De no ser así, Gas Natural debería solicitar permiso al Ministerio de Industria para entrar en Endesa, compañía en la que el Estado mantiene la acción de oro, de forma que el Gobierno podría, en teoría, vetar la operación. Además, el Ejecutivo debería, antes de ejercer la "acción de oro" en Endesa, solicitar un nuevo informe a la Comisión Nacional de Energía para valorar la entrada de un nuevo accionista con participaciones significativas; aún así, lo más probable es que este organismo regulador se remitiese al que ya elaboró para calibrar la "función 14" sobre el impacto en las actividades reguladas, y que fue positivo hacia la operación.

 

España nunca ha hecho uso de la "acción de oro", que aunque no ha estado específicamente legislada como en el caso de otros países europeos, se incluía dentro del régimen de autorización administrativa para determinados supuestos contenido en la ley de privatizaciones de 1995. El Gobierno anterior modificó la citada ley en 2003, dentro de la ley de acompañamiento a los Presupuestos del Estado de 2004, para cumplir la citada sentencia aunque, según explicó la vicepresidenta, la Comisión Europea consideró que aquella modificación era "insuficiente desde el punto de vista comunitario" y no daba total cumplimiento a la resolución judicial.

 

¿Qué es la "acción de oro"?

Se conoce con la expresión "acción de oro" (golden share en inglés) al derecho de decisión sobre determinadas operaciones que se reserva un estado cuando privatiza una empresa y que le otorga un poder de hecho superior al del consejo de Administración de la sociedad. El funcionamiento y alcance de las acciones de oro ha variado de un país a otro, y en ocasiones ha dado el derecho a los estados a tener la última palabra a la hora de aprobar acuerdos de fusión y escisión, disolución, venta de activos básicos, cambio de objeto social, compras y ventas de paquetes importantes de acciones o expansión de la sociedad.

Habitualmente, el argumento utilizado para justificar este mecanismo es que algunas sociedades gestionan recursos escasos de interés nacional sobre los que el sector público debe continuar velando. El primero en usar la "golden share" fue el Reino Unido en 1984, con motivo de la privatización de British Telecom y durante el gobierno de Margaret Thatcher. Dos años más tarde Francois Mitterrand trasladó el modelo a Francia bajo el nombre de "action spécifique", modificada en 1993 por el gobierno de Edouard Balladur.