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Aprobados los consejos autonómicos de Justicia y los jueces de proximidad con la oposición del CGPJ

El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley que crea los consejos autonómicos de Justicia y los jueces de proximidad. A los nuevos jueces, sólo se les exigirá ser licenciados en Derecho y acreditar experiencia jurídica práctica. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, tiene dudas sobre la constitucionalidad de este Proyecto de Ley y estas nuevas figuras de "innecesarias e inoportunas". El PP ha anunciado que, si vuelve al poder, modificará la Ley.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley que crea los consejos autonómicos de Justicia y los jueces de proximidad. A los nuevos jueces, sólo se les exigirá ser licenciados en Derecho y acreditar experiencia jurídica práctica. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, tiene dudas sobre la constitucionalidad de este Proyecto de Ley y estas nuevas figuras de "innecesarias e inoportunas". El PP ha anunciado que, si vuelve al poder, modificará la Ley.
LD (Agencias) Fernández de la Vega justificó la creación de consejos de justicia en cada comunidad autónoma en la necesidad de descentralizar la Justicia y acercarla a los ciudadanos. Destacó que esos nuevos órganos ejercerán las competencias que en ellos delegue el Consejo General del Poder Judicial, y en todo caso participarán en el nombramiento de los jueces de proximidad.
 
Respecto a los jueces de proximidad, indicó que no sólo se les exigirá ser licenciados en Derecho sino también acreditar experiencia jurídica práctica. Añadió que se dedicarán al primer escalón no sólo de los órdenes civil y penal sino también contencioso-administrativo.
 
También destacó que no serán cargos temporales sino que se integrarán en la carrera judicial y tendrán los mismos derechos, deberes y garantías que los otros jueces. Podrán constituirse en municipios de más de 250.000 habitantes y en capitales de provincia de más 75.000, y se ocuparán de asuntos de menor entidad para descargar de trabajo a los jueces de Primera Instancia, Instrucción y de lo Contencioso-Administrativo.
 
Según ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la norma también regula las comparecencias de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en el Congreso y el Senado para informar de los asuntos relacionados con su actividad. De la Vega justificó esta medida en que el CGPJ es un órgano político que como tal debe responder ante los ciudadanos. Asimismo, el Consejo aprobó el Proyecto de Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura, que establece la exigencia de prácticas y la superación de una prueba para que los licenciados en Derecho ejerzan como abogados y procuradores. El Gobierno aprobó además 99 nuevas plazas de fiscales.
 
El CGPJ tiene dudas sobre su "constitucionalidad"
 
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, calificó de "dos muy malas noticias para la justicia" la aprobación del Proyecto de Ley que crea los consejos autonómicos de Justicia y los jueces de proximidad, figuras que considera "innecesarias e inoportunas". En declaraciones a Europa Press, López explicó que persisten dudas de constitucionalidad sobre los consejos autonómicos de Justicia que crea el Proyecto, y entiende que la reforma no está inspirada por principios de modernización de la Justicia sino "lastrada absolutamente por negociaciones con quienes defienden exigencias nacionalistas", que quieren órganos de gobierno del poder judicial propios en cada comunidad autónoma.
 
Respecto a los jueces de proximidad, el portavoz del CGPJ señala que "en nada mejora el sistema" el hecho de que las ternas de candidatos no las elijan los ayuntamientos –como recogía el Anteproyecto–, aunque el Consejo consideró esa fórmula un error constitucional. El problema es que, según López, el modelo establecido ahora por el Gobierno sigue siendo gravemente perjudicial, por cuanto no garantiza la independencia de los jueces, que no son profesionales, y tampoco la calidad de las resoluciones. "Supone una gran regresión en el avance hacia un modelo judicial moderno y eficaz", agregó.

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