L D (Europa Press) La resolución, contra la que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, señala que Azpiazu debe hacer frente a una indemnización a los familiares de Baglietto de 74.423 euros (12.383.000 pesetas), más los intereses devengados desde la fecha del atentado (1 de febrero de 1980), que el ex etarra no satisfizo en su momento por ser declarado insolvente. El dinero lo pagó el Ministerio del Interior, a quien sería devuelto con el embargo de los bienes de Azpiazu. La Audiencia ha ordenado librar oficio a La Caixa para que retenga y transfiera a la Cuenta de Consignaciones del Juzgado "los depósitos bancarios y saldos favorables en cuentas de cualquier clase que pueda ostentar el ejecutado Cándido Azpiazu Beristain, hasta el importe máximo indicado en el auto que acordó el embargo". En cuanto a la cristalería, se ha enviado mandamiento al Registro de la Propiedad para que realice la anotación preventiva del embargo.
Por otro lado, la Sala ha dictado una providencia para llevar a cabo una investigación patrimonial completa a Azpiazu y al otro condenado por el asesinato de Baglietto, José Ignacio Zuazolazigorraga, para lo que libra oficios a la Agencia Tributaria Estatal, a las cuatro agencias forales - de las tres provincias vascas y Navarra- y a Tráfico. Además, pide informe a la Fiscalía sobre si procede o no la admisión a trámite de la querella presentada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en la Audiencia Nacional para que se cobren a los ex etarras indicados las indemnizaciones por el asesinato de Baglietto.
Se da la circunstancia de que Ramón Baglietto salvó la vida de Azpiazu cuando era niño, al rescatarlo de los brazos de su madre, quien fue atropellada por un camión junto con otro de sus hijos. Dieciocho años más tarde de aquel suceso, Azpiazu asesinó a Baglietto. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional le condenó a 49 años y dos meses de cárcel, aunque salió de prisión en 1995 al serle aplicadas las redenciones de condena previstas en el Código Penal de 1973, vigente cuando cometió el crimen.