L D (EFE) El presidente de la Generalidad se reunió este miércoles por la noche con Zapatero y los presidentes regionales socialistas. Fue allí donde, según informa El País, Pasqual Maragall dijo que el texto "hay que sacarlo adelante aunque sea sin CiU", recordando que los nacionalistas no son imprescindibles para que el Estatuto se apruebe en el Congreso. Horas antes, en una conferencia en Lérida, Maragall criticó la posición dura de CiU al advertir de que "los que cuentan cada día los beneficios de un pesimismo táctico han de saber que están haciendo daño, quizá de forma imperceptible pero cierta, a la moral de la ciudadanía y a la credibilidad de la clase política".
El PSOE, a través de su secretario de Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, ha respondido a la intención de Maragall diciendo en declaraciones a TVE que el acuerdo con CiU para sacar adelante el Estatuto catalán es "imprescindible políticamente". Perales recordó además que si este proyecto sale adelante tendrá vocación de permanencia en el tiempo, por lo que estimó que "no sería la mejor solución que saliera sin el acuerdo de CiU".
El dirigente socialista habló también de las divergencias en el seno del PSOE en torno al texto. Perales se mostró convencido de que las posiciones "polarizadas" en su partido sobre el tema, entre las que citó las de Rodríguez Ibarra y José Montilla, "afortunadamente han pasado a mejor vida", y aseguró que actualmente hay una posición común dentro del partido fijada por escrito. El secretario se mostró optimista al afirmar que el acuerdo está "muy próximo".
Desde el PP también se ha valorado la posibilidad de que el Estatuto salga adelante sin el partido de Duran i Lleida. Josep Piqué, presidente de partido en Cataluña, consideró que hacerlo sería "un disparate" y recordó que ésta es la formación más votada en la Comunidad Autónoma y el principal partido de la oposición. En declaraciones a Punto Radio, Piqué señaló sin embargo que "nunca se sabe, porque con el presidente del Gobierno que tenemos..".
El diputado popular se mostró convencido de que finalmente se aprobará un texto "porque el coste de un no-Estatuto sería muy fuerte, pero será un Estatuto distinto del que salió del Parlamento catalán". Para Piqué, el debate es "ver cómo se salvan los muebles y se cubren las apariencias del cuatripartito". El dirigente dijo también que "muchas veces echo de menos a Pujol", y "también echo de menos a González", quien "aunque cometió muchos errores, nunca perdió el sentido de Estado y la necesidad de defender la constitucionalidad de nuestras instituciones".
Por su parte, el secretario general de CiU restó importancia a la advertencia de Maragall al calificarla de "no creíble", en declaraciones a Radio Euskadi. Esta posibilidad, según Josep Antoni Duran i Lleida, supondría renunciar al apoyo del casi el 50 por ciento del electorado catalán y sacarlo con una mayoría tan exigua como la que se criticó que tenía el Plan Ibarretxe. "Otra cosa es que haya desacuerdo y se retire el Estatuto", manifestó el nacionalista, antes de apuntar que un fracaso perjudicaría más a los socialistas porque "acercaría a Rajoy a La Moncloa" y descartar que se fueran a producir "grandiosos avances en las negociaciones.
"Nación", al preámbulo
Mientras, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha pronunciado este jueves sobre el polémico término "nación" para definir a Cataluña. La solución que ofreció la vicepresidenta, en declaraciones a Antena 3, fue que la palabra salga del articulado para llevarlo al preámbulo. "Ese término va a ser eliminado del texto articulado, y en este momento se está trabajando en la búsqueda de fórmulas que recojan el sentimiento identitario que ha expresado el pueblo de Cataluña mediante su Parlamento al configurar esa denominación, y eso hay que llevarlo al preámbulo", dijo.
"La sacamos del texto articulado para no producir ningún tipo de efecto jurídico y la llevamos al preámbulo para respetar también, que creo que es muy importante, ese sentimiento mayoritario", dijo Fernández de la Vega, quien añadió que se está trabajando sobre diversas alternativas y remitió a los negociadores para que decidan la opción que pueda ser mejor aceptada por todos.
Subrayó que una "solución intermedia" sería la que propone el Gobierno, por la cual la Generalidad vería aumentada su capacidad normativa y tendría mayor suficiencia financiera, aunque reiteró que "no estamos dispuestos a darle la vuelta completamente" al sistema de financiación actual. En este sentido, insistió en la defensa por parte del Ejecutivo de un espacio fiscal propio del Estado, destacó su propuesta de consorcio de la Agencia Tributaria del Estado con la catalana para la recaudación de algunos tributos cedidos y de la parte del IRPF que se pueda ceder, y precisó que esta cuestión es "un problema de soberanía, y ahí la posición del Estado no puede variar".