LD (EFE) En el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, conocido este miércoles, el Ministerio Fiscal solicita también la apertura de juicio oral, una responsabilidad civil de 25 millones de euros y otros dos años de cárcel para el director jurídico de Abengoa, Miguel Ángel Jiménez, y el presidente de la filial Telvent, Manuel Sánchez Ortega, como cooperadores necesarios.
El caso está instruido por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que analiza la compra por parte de Inversión Corporativa (IC) –entre cuyos accionistas se encuentran los Benjumea– del 3,72 por ciento de la operadora de telefonía móvil Xfera, por 25 millones de euros, y su posterior venta a la compañía de tecnologías de la información Telvent por el mismo importe, a pesar de que, en ese segundo paso, las expectativas de negocio habían empeorado notablemente, según la Fiscalía.
Mientras que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los Benjumea, presidente y consejero-delegado de Abengoa, vendieron a su filial Telvent su participación en Xfera para desprenderse de un negocio ruinoso, los imputados aseguran que invirtieron en la operadora porque su filial no podía hacerlo directamente, a pesar de que estaba realmente interesada.
Con la operación, según el relato del fiscal Alejandro Luzón, Inversión Corporativa recuperó la inversión efectuada dos años antes y los máximos ejecutivos de Abengoa "optaron arbitrariamente" por "desplazar todo el riesgo de la operación" a una filial en 2002. Para avalar la operación, Telvent se vio obligada a realizar dos depósitos en efectivo por importe superior a los 50 millones de euros, además de haber pagado por las acciones de Xfera una suma que excedía con mucho su precio de mercado ya que su valor, según Anticorrupción, era "cero, en el mejor de los casos".
Los cuatro principales acusados (el presidente, consejero delegado y dos consejeros de la compañía) "no sólo ejecutaron una operación estrepitosamente alejada del riesgo de pérdida permisible en toda gestión empresarial, sino que fueron consciente del valor asignado por el mercado al paquete de acciones", indica Luzón.
Mediante los contratos confeccionados por Jiménez Velasco y con la cooperación de Sánchez Ortega, siempre según el fiscal, se causó un "perjuicio patrimonial no inferior a 25 millones de euros. Ahora, antes de estudiar el auto de apertura de juicio oral, Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, deberá recibir el escrito de defensa de los seis acusados.
El caso está instruido por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que analiza la compra por parte de Inversión Corporativa (IC) –entre cuyos accionistas se encuentran los Benjumea– del 3,72 por ciento de la operadora de telefonía móvil Xfera, por 25 millones de euros, y su posterior venta a la compañía de tecnologías de la información Telvent por el mismo importe, a pesar de que, en ese segundo paso, las expectativas de negocio habían empeorado notablemente, según la Fiscalía.
Mientras que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los Benjumea, presidente y consejero-delegado de Abengoa, vendieron a su filial Telvent su participación en Xfera para desprenderse de un negocio ruinoso, los imputados aseguran que invirtieron en la operadora porque su filial no podía hacerlo directamente, a pesar de que estaba realmente interesada.
Con la operación, según el relato del fiscal Alejandro Luzón, Inversión Corporativa recuperó la inversión efectuada dos años antes y los máximos ejecutivos de Abengoa "optaron arbitrariamente" por "desplazar todo el riesgo de la operación" a una filial en 2002. Para avalar la operación, Telvent se vio obligada a realizar dos depósitos en efectivo por importe superior a los 50 millones de euros, además de haber pagado por las acciones de Xfera una suma que excedía con mucho su precio de mercado ya que su valor, según Anticorrupción, era "cero, en el mejor de los casos".
Los cuatro principales acusados (el presidente, consejero delegado y dos consejeros de la compañía) "no sólo ejecutaron una operación estrepitosamente alejada del riesgo de pérdida permisible en toda gestión empresarial, sino que fueron consciente del valor asignado por el mercado al paquete de acciones", indica Luzón.
Mediante los contratos confeccionados por Jiménez Velasco y con la cooperación de Sánchez Ortega, siempre según el fiscal, se causó un "perjuicio patrimonial no inferior a 25 millones de euros. Ahora, antes de estudiar el auto de apertura de juicio oral, Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, deberá recibir el escrito de defensa de los seis acusados.