La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria coincidió con la APM en criticar al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que había asegurado previamente que el conocimiento de las lenguas cooficiales nunca iba a ser contemplado como un requisito para el ejercicio de la jurisdicción en las comunidades con lengua cooficial, sino que sería tratado como un mérito. Asimismo, ambas asociaciones mostraron sus sospechas de que esta exigencia sea un intento del Gobierno socialista de "satisfacer las reclamaciones de los partidos nacionalistas que actualmente prestan apoyo" al Ejecutivo.
Jueces para la Democracia ha manifestado que "no es aceptable" establecer como "requisito" el conocimiento del catalán para ejercer, aunque consideran que hay que "avanzar para facilitar el reconocimiento" del derecho de la opción lingüística de los ciudadanos.
Inconstitucional
APM alegó que sería inconstitucional la exigencia de conocer el catalán porque se estaría legislando en el Estatuto "materia propia de la Ley Orgánica del Poder Judicial" y porque "no se puede imponer a los miembros de un cuerpo único y nacional para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales la obligación o el deber de conocer una lengua cooficial". La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, por su parte, consideró "de dudosa constitucional" la exigencia.
Además, el portavoz de la APM, Antonio García, añadió que ese deber "no se deduce de ninguna manera de lo establecido en el artículo 3 de la propia Constitución española y de la doctrina del propio Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar dicho precepto" y consideró esa obligación "absolutamente disparatada" ya que si se exigiese a todos los jueces en las comunidades con lenguas cooficiales el conocimiento de éstas no habría candidatos suficientes para cubrir todas las plazas. Asimismo, vaticinó que esta obligación provocaría "un caos" que "perjudicaría de forma gravísima al conjunto de ciudadanos".
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Eduardo Esteban, señaló que esta agrupación ve "inadecuado" exigir el conocimiento del catalán para ejercer en Cataluña porque limitaría el acceso a determinadas plazas a algunos profesionales, aunque se manifestó a favor de fomentar el uso de las lenguas cooficiales y precisó que evitarán pronunciarse de forma oficial hasta conocer directamente el contenido del Estatut en esta materia.
Por su parte, el presidente portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García-Panasco, también se mostró contrario a pedir como requisito, y no sólo como mérito para ejercer en Cataluña, un conocimiento adecuado del catalán y advirtió de que supondrá "una ruptura de lo que debe ser un régimen jurídico unitario de un cuerpo del Estado", además de que podría "agravar" los problemas de vacantes que tienen los juzgados y fiscalías de Cataluña.