Google pierde su batalla contra la Justicia de EEUU y tendrá que entregar parte de las búsquedas de sus usuarios

L D (EFE) El Departamento estadounidense de Justicia pidió a Google en enero una muestra al azar de un millón de direcciones de Internet accesibles desde su buscador, y otra, también de un millón, de términos buscados en un período de una semana.

 

Tras negociar las condiciones de su petición, se supo este martes que Justicia redujo su petición a 50.000 direcciones, y dijo que examinaría sólo 10.000. En cuanto a los términos de búsqueda, ahora se conforma con 5.000 para examinar 1.000. El juez señaló que esta reducción, además de la voluntad del Gobierno de compensar a Google por el tiempo extra de trabajo que le llevaría cumplir esta petición, le habían convencido para conceder a Justicia al menos parte de lo que pide. En la vista, el juez expresó preocupación por el hecho de que si daba luz verde al Gobierno "un aluvión de abogados y científicos sociales podrían pedir lo mismo".

 

El Departamento de Justicia de EEUU quiere usar esta información para defender el Child Online Protection Act (COPA, por sus siglas en inglés), una iniciativa de 1998 para proteger a los menores y que penalizaría a los operadores de las web de material pornográfico que no dispongan de métodos para verificar que sus usuarios son mayores de 17 años. Google, por su parte, defiende que esta reclamación es innecesaria, demasiado amplia, costosa y que podría revelar los secretos comerciales de la empresa y detalles con los que se podría identificar a sus usuarios.

 

El caso se ha seguido atentamente porque podría ser un importante indicativo de hasta dónde llega el control de los buscadores sobre el tráfico en la web, así como el alcance de los derechos de los internautas a la protección de su intimidad.

 

Google no es el único en resistirse.

 

La Unión Americana para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU), el mayor grupo de estas características en EEUU, interpuso una demanda contra la ley bajo el argumento de que atenta contra la libertad de expresión. El Supremo de Estados Unidos dio en su momento la razón a ACLU, y bloqueó la ley. Ahora, en su demanda, la Casa Blanca indica que la información que obtenga de los buscadores ayudaría a convencer al Supremo de que la medida en cuestión "sería más efectiva que filtrar el software para proteger a los menores de la exposición a material dañino en la red".

 

A diferencia de Google, tanto Yahoo como Microsoft y America Online colaboraron con el Gobierno estadounidense y entregaron sus respectivas bases de datos. Pero como Google es el buscador más popular de la red y una parada casi obligatoria para millones de usuarios de todo el mundo, la información que facilitase daría un impulso a los planes de las autoridades estadounidenses.

 

El Gobierno se apoya en gran medida en Philip Stark, un profesor de estadística de la Universidad de California que se encargará de analizar la información. Según Stark, el análisis de las bases de datos de Google le permitiría "establecer la prevalencia de las web perjudiciales para los menores, y la efectividad de los filtros de contenido para bloquear estas páginas", pero no rastrear los hábitos de uso de los individuos. Esta es la primera vez que los términos de búsqueda se convierten en objeto de investigaciones, tal y como ya lo son los correos electrónicos o, en otro orden de cosas, las descargas de música.