LD (Agencias) Según informó este viernes el Alto Tribunal, su decisión supone además la suspensión de la vigencia y aplicación de las Resoluciones impugnadas desde el pasado 23 de marzo, fecha de interposición del conflicto.
Se trata de las Resoluciones de 17 de noviembre de 2005 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid por las que se hicieron públicas las convocatorias de concursos, por procedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia de ambos proyectos.
Una providencia, de fecha 4 de abril dada a conocer este viernes por el Constitucional, da a la Administración autonómica un plazo de 20 días para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Asimismo, comunica a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "por si ante la misma estuvieran impugnadas o se impugnaren las citadas Resoluciones".
El Consejo de Ministros hizo público el pasado 17 de marzo que plantearía este conflicto al no haberse atendido el requerimiento de incompetencia que formuló el pasado 20 de enero a la Comunidad de Madrid en relación con las convocatorias de los citados concursos de consultoría y asistencia. Su tesis es que la Comunidad de Madrid ha sobrepasado su ámbito competencial y ha invadido las competencias exclusivas del Estado en materia de carreteras.
En opinión del Ejecutivo central, las competencias de la Comunidad de Madrid se circunscriben al ámbito intracomunitario y a las carreteras cuyos itinerarios no hayan sido calificados por el Gobierno como de interés general, cosa que ocurrió en este caso mediante el Real Decreto de 2003 por el que se modificaba la nomenclatura de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado.
Los argumentos de la Comunidad de Madrid
Se trata de las Resoluciones de 17 de noviembre de 2005 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid por las que se hicieron públicas las convocatorias de concursos, por procedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia de ambos proyectos.
Una providencia, de fecha 4 de abril dada a conocer este viernes por el Constitucional, da a la Administración autonómica un plazo de 20 días para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Asimismo, comunica a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "por si ante la misma estuvieran impugnadas o se impugnaren las citadas Resoluciones".
El Consejo de Ministros hizo público el pasado 17 de marzo que plantearía este conflicto al no haberse atendido el requerimiento de incompetencia que formuló el pasado 20 de enero a la Comunidad de Madrid en relación con las convocatorias de los citados concursos de consultoría y asistencia. Su tesis es que la Comunidad de Madrid ha sobrepasado su ámbito competencial y ha invadido las competencias exclusivas del Estado en materia de carreteras.
En opinión del Ejecutivo central, las competencias de la Comunidad de Madrid se circunscriben al ámbito intracomunitario y a las carreteras cuyos itinerarios no hayan sido calificados por el Gobierno como de interés general, cosa que ocurrió en este caso mediante el Real Decreto de 2003 por el que se modificaba la nomenclatura de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado.
Los argumentos de la Comunidad de Madrid
El 23 de febrero, la consejera madrileña de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, calificó de "abuso legal" el hecho de que el Gobierno trate de impedir que la Comunidad aborde estas obras. La consejera basó esta afirmación en que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía madrileño establecen que la Comunidad "tiene competencias exclusivas en la ejecución de carreteras que discurran íntegramente" por su término territorial –como sucede en los casos de la R1 y la M-50– y en que ninguna de ellas puede considerarse estatal, de acuerdo con el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
La titular de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid dejó claro que a ese Plan le sucedió otro del Ministerio de Fomento que no consideraba a la R1 ni el cierre de la M-50 "de interés general" y recalcó que existen ejemplos en otras comunidades españolas, entre las que citó a Cataluña, donde "no ha habido problema" por considerar a una carretera autonómica y a otra próxima, estatal. (Ampliación)
La titular de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid dejó claro que a ese Plan le sucedió otro del Ministerio de Fomento que no consideraba a la R1 ni el cierre de la M-50 "de interés general" y recalcó que existen ejemplos en otras comunidades españolas, entre las que citó a Cataluña, donde "no ha habido problema" por considerar a una carretera autonómica y a otra próxima, estatal. (Ampliación)
La consejera madrileña dijo el mismo 17 de marzo que el Gobierno de la Comunidad autónoma continuaría adelante con la elaboración de los proyectos mientras que no se lo impidiera el Tribunal Constitucional. El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró recientemente que el Gobierno regional acataría las decisiones del Constitucional "en el ámbito que nos corresponde".