LD (Agencias) El Gobierno de Bolivia ha dado un ultimátum de tres días al BBVA para que entregue "a título gratuito" las acciones que gestiona a través de un fondo de pensiones en la petroleras nacionalizadas. Según dijo el lunes el presidente Boliviano, Evo Morales, "habrá intervención a estos fondos de pensiones si no cumplen en tres días el decreto, así de claro". Según Morales no se trata de una expropiación sino un cambio de gestión.(Ampliación)
El presidente boliviano ha insistido este martes en que los fondos son aportaciones de los trabajadores, que hasta ahora "estaban administrados por la empresa privada y ahora van a ser administrados por el Estado". Con estas afirmaciones, Morales ha respondido a una pregunta sobre las declaraciones de esta mañana del vicepresidente segundo del Gobierno español, Pedro Solbes, quien ha calificado de "inaceptable" la decisión de reclamar a BBVA las acciones que posee en las petroleras de ese país si esa obligación no conlleva una "compensación".
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, ha declarado en relación con la expropiación por el Gobierno Boliviano de los activos del BBVA en las petroleras que pretende nacionalizar que "si tuviéramos mala relación, sería mucho peor". Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, le ha restado importancia, afirmando que "parece que sólo se trata de un cambio en la gestión de los bonos". El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, le ha exigido a Rodríguez Zapatero que haga una gira por Iberoamérica "a la mayor celeridad posible" para "exigir que se respete la ley y los intereses de las empresas españolas". (Ampliación)
El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, consideró hoy que la decisión del Gobierno boliviano de pedir al BBVA que entregue las acciones que tiene depositadas de las petroleras del país será "irrelevante" para el grupo español, aunque un "problema" para la propia economía boliviana. En su intervención en un congreso internacional organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Caruana dijo que las consecuencias del decreto del Ejecutivo de Evo Morales serán "irrelevantes" y "de mínimos" para el banco español, dado el tamaño de su balance y de su cuenta de resultados. Sin embargo, el gobernador del Banco de España señaló que el "principal problema" de la decisión de Morales puede ser sus efectos negativos para la economía boliviana, ya que "no es buena noticia no seguir las reglas del juego y no garantizar seguridad jurídica" a las empresas que inviertan allí.
El BBVA pide seguridad jurídica
La respuesta del presidente del BBVA al nuevo decreto de Evo Morales ha sido contundente. Francisco González ha advertido que "fuera de la economía de libre mercado y la democracia no hay futuro". Aunque no se ha referido expresamente a la amenaza de Bolivia, González ha señalado que el proteccionismo "es una fuente de conflictos" y una "traba" para el crecimiento de Latinoamérica, para la que reclama un marco institucional "sólido, transparente y fiable". Por otra parte, desde el BBVA se ha recordado que, de hacerse efectiva la amenaza de Morales, sólo afectaría al 0,1 por ciento de los beneficios totales del grupo bancario. (Ampliación)
La administradora de fondos de pensiones Previsión, filial del grupo financiero español BBVA, quiere entregar al Estado boliviano las acciones que gestiona de empresas petroleras nacionalizadas, sólo pide hacerlo con seguridad jurídica, explicó su gerente general, Ildefonso Núñez. "La voluntad es entregar las acciones, pero en un escenario legal que nos deje sin miedo a que los bolivianos o futuros gobiernos se nos echen encima", dijo Núñez a EFE.
Núñez explicó que desde el 4 de mayo, tres días después del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, ha tenido conversaciones con el gobierno sobre la entrega de las acciones, en las que no se había avanzado. El gerente general de BBVA Previsión no descarta que se logre un acuerdo en esos días, pero el gabinete jurídico, entre tanto, estudia la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el apremio del Gobierno.
Núñez explicó que desde el 4 de mayo, tres días después del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, ha tenido conversaciones con el gobierno sobre la entrega de las acciones, en las que no se había avanzado. El gerente general de BBVA Previsión no descarta que se logre un acuerdo en esos días, pero el gabinete jurídico, entre tanto, estudia la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el apremio del Gobierno.
Las acciones pertenecen en teoría a los bolivianos que tenían más de 21 años hace una década, cuando las empresas Andina, Chaco y Transredes fueron privatizadas. Los títulos que administra Previsión suman cerca de 300 millones de dólares y la segunda AFP involucrada, Futuro, filial del grupo de seguros suizo Zúrich, una suma similar.