LD (Europa Press) El Defensor del Pueblo considera así conveniente plantear que la protección del interés general requiere del arbitrio de medidas que no agraven fiscalmente "la situación ya debilitada de estos inversores". Igualmente, Múgica reclama a Ocaña en la carta que se informe sobre las medidas que se puedan adoptar destinadas a clarificar para el futuro la tributación de los rendimientos, dado que "parece difícil que todos ellos recuperen la inversión realizada, porque estos rendimientos deberían tributar como capital mobiliario, mientras que las empresas afectadas emiten certificados fiscales en los que se consideran ganancias patrimoniales". Múgica también subraya que la normativa fiscal prevé diferentes excepciones en las obligaciones tributarias que ayudan a paliar las consecuencias económicas para los contribuyentes de las quiebras, concursos y suspensiones de pagos.
Reunión con Ausbanc
Por otro lado, Múgica ha recibido en la sede del Defensor del Pueblo al adjunto a la presidencia de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Ángel Garay, quien destacó la importancia de que esta institución actúe por iniciativa propia, ante la cantidad de gente afectada. Garay precisó que el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio y ya se ha dirigido a a la Administración para solicitar información sobre este asunto. Además, avanzó que Múgica ha emprendido un conjunto de actuaciones que, por la confidencialidad que requieren, no precisó.
Según Garay, estos esfuerzos del Defensor del Pueblo pueden influir en que la Administración del Estado "actúe de una forma u de otra". Asimismo, puntualizó que el Defensor del Pueblo "va a actuar como la alta institución que es", mientras que Ausbanc, como persona jurídica, podrá remitir un informe donde muestre su interés por estar en este proceso, de forma que podría acceder a cierta información recopilada por este ente.
Es más, Ángel Garay quiso dejar claro que Ausbanc sigue en su propósito de llegar hasta el Defensor del Pueblo europeo. En este sentido, indicó que la asociación ya está en contacto con la oficina española de este organismo y con la de la Unión Europea para conocer los pasos a seguir. "Estamos viendo cómo nos organizamos para cumplir con la normativa de la UE, con el fin de coordinar esta acción judicial con el efecto social que tiene que tener y para que este asunto finalmente tenga un resultado positivo", subrayó.